La violencia política hacia las mujeres en el Ecuador, es una problemática que transcurre de manera impresionante, en la invisibilización ‘consensuada’ de manera tácita – al parecer –. La situación se agrava aún más al observar como figuras públicas mujeres, tal es el caso de la vicepresidenta de la república, son violentadas políticamente sin que las asociaciones pro derechos de las mujeres o la sociedad en sí, tomen una postura al respecto.
En la provincia de El Oro, en casi siglo y medio de historia, cuatro mujeres han logrado obtener el respaldo en las urnas para ejercer como alcaldesas. Esto desde la década del 2000 hasta la presente. Actualmente, tenemos dos exalcaldesas (Arenillas y Portovelo) y dos alcaldesas en funciones (Piñas y Balsas). Sin embargo, las cuatro han vivido y vienen violencia política, machista, entre otros vejámenes diariamente; en medio de un silencio que deja varias interrogantes sobre el papel real de los grupos pro derechos de las mujeres, así como de la población. Resulta preocupante ver cómo la violencia proviene incluso de otras mujeres, muchas de ellas ocupando cargos políticos relevantes en la sociedad; concejalas, presidentas de juntas parroquiales y funcionarias públicas.
Es preocupante el hecho de que gran parte de estos actos de violencia política se realizan desde el anonimato, en redes sociales, lo cual refleja una normalización de estas conductas agresivas hacia las mujeres en el espectro político. La falta de reflexión y toma de acciones por parte de las organizaciones pro derechos de las mujeres, del sistema educativo, las autoridades y la academia, ante estos hechos cuestionables; se vuelve desconcertante y pone en duda su compromiso real con la igualdad de género.
La ciudadanía debe reconocer y poner fin a esta violencia política hacia las mujeres, ya que representa un obstáculo para su participación plena y efectiva en la vida pública. Es necesario que las autoridades actúen de forma ejemplar para garantizar el respeto hacia las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el político. Solo a través de la sensibilización, educación y la adopción de medidas concretas se podrá avanzar en la senda de la justicia e igualdad para todas y todos.
Es hora de visibilizar, denunciar y condenar la violencia política hacia las mujeres en todas sus manifestaciones, y exigir que se garantice un ambiente respetuoso para la participación activa en la vida pública, a fin de que puedan ejercer sus roles sin discriminación. La sociedad debe entender que, la igualdad de género es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado en ningún caso. (O)
