La resolución del Servicio de Rentas Internas firmada el 13 de abril 2021, que cambia el modelo de control de productos sujetos al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), permitirá a las industrias cervecera y tabacalera elegir y contratar directamente con terceros los sistemas de trazabilidad para control fiscal, sin mayores resguardos de idoneidad e independencia, lo que originará un conflicto donde la fiscalización de impuestos es entregada a intereses particulares, justamente aquellos que se buscan controlar, a criterio de Francisco Mandiola, experto chileno en transformación estratégica y consultor de la Asociación Internacional de Estampillas Fiscales (ITSA).
Mandiola afirma que “según las mejores prácticas internacionales, los gobiernos privilegian la contratación de los sistemas de marcación y trazabilidad fiscal con un solo proveedor especializado, seleccionado mediante una licitación pública internacional, pero además totalmente independiente y ajeno a los intereses de las industrias a controlar”. Este proveedor tiene la responsabilidad, exclusivamente con el Estado contratante, de implementar y operar el sistema de control bajo la modalidad de servicio, instalando en las líneas de producción equipos de marcación, ya sea mediante impresión directa en los envases o mediante estampillas fiscales inteligentes, que permiten generar información fidedigna de producción para fines de control y fiscalización del cumplimiento tributario.
La mencionada resolución del SRI fija en su artículo 4, que a partir del próximo año (2022), las empresas controladas podrán seleccionar a cualquier proveedor. Esta decisión, explica el experto chileno, Francisco Mandiola, afectará en la idoneidad e independencia del sistema actual. “Este cambio de modelo presenta amplios riesgos que podrían volver ineficaz el control y la fiscalización de los productos sujetos a ICE, atentando contra los intereses legítimos de recaudación del Estado”, agrega.
En Ecuador, desde el 2017, el SRI tiene vigente el Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo y Trazabilidad Fiscal (SIMAR) de bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos de producción nacional. Está operado por un proveedor especializado, independiente de la industria, seleccionado mediante una licitación pública internacional, el cual debe cumplir con altos niveles de seguridad y de calidad de servicio, explica Mandiola. En el continente, aparte del Ecuador, así está funcionando el sistema de control de productos sujetos a impuestos contratado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile en 2018, el sistema contratado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana en 2019 y los sistemas de control de tabaco que operan en Colombia, Brasil, Estados Unidos y Canadá. El sistema SITRAF que opera en Chile ha dado resultados muy positivos con incremento en la recaudación en el primer semestre 2021 de USD 277 millones y con el sistema TRAFICO en República Dominicana se observa también un incremento significativo en los volúmenes declarados que se traducen en recaudación adicional.
Interferencias de las industrias sujetas a control
Mandiola alerta que la resolución del SRI firmada sorpresivamente 2 semanas antes de que asumiera el Gobierno de Guillermo Lasso, de no existir modificaciones, entraría a regir en abril de 2022. Además, asegura que “esta resolución parece estar impulsada por las industrias cerveceras y tabacaleras y plantea la existencia de un conflicto de interés de graves proporciones”.
Inclusive, agrega Mandiola, implementó un piloto alternativo con INEXTO, una empresa documentada y denunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por tener vínculos con la industria tabacalera, que promueve la tecnología CODENTIFY, la cual no permite la adopción de sistemas de trazabilidad independientes y libres de conflictos de interés. Intentos para imponer el inadecuado sistema CODENTIFY han ocurrido en varios países y muy recientemente en Kenia donde se documentó el caso.
Así, la resolución del SRI del 13 de abril, abre la puerta a que los contribuyentes contraten tecnologías relacionadas a la misma industria controlada, lo cual representaría un conflicto de interés y una violación a convenios internacionales, en particular, el Convenio Marco para el Control de Tabaco y el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, ambos instrumentos de la OMS ratificados por el Ecuador. “En efecto, la herramienta de apoyo fundamental para la fiscalización del ICE estaría en las manos de las empresas sujetas a control, situación que ha sido denunciada por varios Gobiernos, expertos internacionales y ONGs”, agrega Mandiola y concluyendo que: “Estamos seguros que este nuevo Gobierno, quien está enfocado en promover los más altos estándares de probidad y eficiencia tanto a nivel público como privado, revertirá esta decisión, que aparenta ser apresurada y podría ser dañina tanto para la recaudación de impuestos en el Ecuador, como potencialmente, para la salud de sus ciudadanos”
Desde el 2017, el sistema SIMAR reporta resultados positivos para el Fisco ecuatoriano, permitiendo aumentar la recaudación tributaria en más de USD 100 millones de dólares y formalizar los sectores controlados, y proteger la salud de los consumidores contra productos de dudosa procedencia. En esta fase de reactivación económica post pandemia, es importante contar con herramientas tecnológicas como el SIMAR que permiten aumentar la recaudación para alivianar la presión fiscal, sin la necesidad de aumentar los impuestos.
