La Fiscalía General del Estado procesa a diez policías en servicio activo por su presunta participación en el delito de concusión, tras una intervención en una piladora de arroz ubicada en la vía Las Palmas-Samborondón. Según la denuncia, los uniformados habrían exigido dinero a los propietarios a cambio de no detener a los ocupantes ni iniciar procesos penales en su contra.
Según la denuncia, la madrugada del 9 de octubre de 2026, más de diez personas que se movilizaban en tres vehículos ingresaron al predio con uniformes y prendas negras similares a los de la Policía Nacional. Indicaron que acudían por presuntas denuncias y que buscaban armas y dinero.
Durante la intervención, revisaron las habitaciones y presuntamente sustrajeron una cadena, un anillo de oro y 500 dólares en efectivo, pertenecientes al padre de la denunciante.
Luego, uno de los sospechosos, a quien identificaron como “el abogado”, habría obligado al padre de la denunciante a abrir una caja fuerte que presuntamente contenía 130.000 dólares. Bajo amenazas de detener a los ocupantes, le habría exigido dinero para no proceder con las detenciones. La víctima entregó 12.000 dólares.
Posteriormente, uno de los uniformados -a quien se lo identificó como “el abogado”- lo habría obligado a abrir una caja fuerte que presuntamente contenía 130 mil dólares, bajo amenazas procedió a exigir la entrega de dinero a cambio de no proceder con las detenciones, la víctima procedió a entregar la cantidad de 12 mil dólares.
Antes de retirarse, los involucrados habrían obligado a los ocupantes a grabar un video en el que afirmaran que todo estaba en orden y que no faltaba ningún objeto. Después, la perjudicada reportó lo ocurrido al ECU 9-1-1.
A partir de la denuncia, unidades de investigación de la Policía Nacional revisaron los registros audiovisuales proporcionados por la denunciante para identificar a los presuntos participantes. Los agentes fueron ubicados en los patios del Cuartel Modelo, en Guayaquil, durante la formación del personal al finalizar su turno reglamentario. La denunciante reconoció a varios servidores policiales, quienes fueron aprehendidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal presentó informes investigativos, partes de aprehensión, versiones de los agentes aprehensores, la denuncia y reportes del ECU 9-1-1, que no registraban un operativo policial en esa zona.
Entre las evidencias ingresadas en cadena de custodia constan prendas de vestir, armas de fuego de dotación, dos vehículos, doce teléfonos celulares, un dispositivo de grabación de video digital (DVR) y nueve vainas percutidas.
El Juez de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los diez procesados: Geremy Adrián L. V., Guiseppe Valentino R. M., Jorge Snider L. S., Jonathan Alexander P. M., Jandry Manuel E. C., José Ignacio B. V., Anthony Alexander A. P., Edgar Efraín Ch. Ch. y Rommel Bryan G. A., pertenecientes a la Dirección General de Inteligencia Z-5, y Leandro Gabriel Q. Q., de la DINASED Zona 5.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Información jurídica
El delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
