La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Departamento de Seguridad Pública, inició los trabajos de la nueva fase del proyecto “Aliados contra la Trata” en Quito e Ibarra, Ecuador, el cual busca fortalecer la actuación y las labores de los distintos sectores actores del Estado, sociedad civil y prestadores de servicio, para enfrentar a los casos de trata de personas.
El proyecto, implementado por la OEA desde 2020 en conjunto con el Ministerio del Interior, la Secretaria de Gobernabilidad y Seguridad de Quito y la Alcaldía de Ibarra con financiación del Departamento de Estado de Estados Unidos, busca apoyar la mejora de la legislación ecuatoriana sobre trata de personas; la capacitación de 450 profesionales de las áreas de seguridad, justicia, migración, salud, educación y trabajo social para la actuación coordinada en la investigación del delito y asistencia a víctimas; y la territorialización de la política pública sobre el tema, llegando a las áreas más necesitadas en los municipios de Quito e Ibarra.
En Ecuador, la Trata de Personas es un delito castigado con hasta 26 años de prisión en caso de muerte de la víctima. De acuerdo con la normativa del país, los fines de explotación de la trata de personas pueden ser:
- La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos.
- La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil.
- La explotación laboral, incluida el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y trabajo infantil.
- Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación.
- La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.
- La mendicidad.
- Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley.
A nivel mundial y en Ecuador, se ha identificado que las víctimas más frecuentes son niñas y mujeres, resaltando que la explotación sexual es el fin más común para este grupo. Entre los niños y hombres en edad laboralmente productiva, los trabajos forzados y la explotación laboral son más recurrentes. Personas de la comunidad LGBTQI+, indígenas y migrantes también han sido identificados como grupos más propensos a ser explotados. La trata se puede dar dentro del país; entre ciudades, en el mismo barrio o a través del cruce de fronteras.
En general, las personas en situación de vulnerabilidad, como pobreza, desempleo, inseguridad y/o con acceso limitado a los servicios de salud y educación son más susceptibles de convertirse en víctimas de trata de personas.
De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional de Ecuador, el 60% de las víctimas entre 2017 y 2018 en el país fueron ecuatorianas y las movilizaron dentro del territorio nacional. Además, se detectó que, en la mayoría de los casos, los victimarios eran conocidos.
