La Ley Orgánica de Salud ecuatoriana en su Art. 31 reconoce “la violencia como problema de salud pública”, en donde autoridades, servicios y organismos deben buscar la disminución de la violencia “de género, intrafamiliar, sexual”. Ahora bien, la violencia debe ser entendida desde el patriarcado que es “el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias, y discriminaciones que vive toda la humanidad (mujeres, hombres y personas intersexuales) y la naturaleza, como un sistema históricamente construido sobre el cuerpo sexuado de las mujeres”. En otras palabras, la violencia recae sobre unos cuerpos y territorios específicos, recipientes de la “pedagogía de la crueldad” y que han sido caracterizados desde “una relación de dominación estructural y una supresión, muchas veces violenta, de la heterogeneidad del sujeto o sujetos en cuestión”.
Por ello es necesario reconocer y poner en valor las diferentes de formas de ser, estar, sentir, pensar y hacer para la construcción de “diálogos pensantes, sintientes, y respetuosos”. Esta acción es una invitación no solo a las mujeres sino a todas las personas independientemente de sus identidades de sexo, género, etnia, etc. De ahí que sea necesario reconocer la “categoría política de mi cuerpo-territorio”, cuyo límite individual es la piel como frontera frente a “la violencia, el racismo o la discriminación” que exige poner el cuerpo para ser “capaces de entablar diferentes relaciones como las de amistad, el amor, de erotismo, relaciones con la naturaleza, la trascendencia, el conocimiento, la producción”.

Desde esta mirada, la cultura, el género y la educación no deben ser tratadas de manera aislada pues es justamente en el contexto educativo en donde se construye la diferencia y se produce la alteridad. Por ello es necesario educar desde la “pedagogía comprometida”, que entiende que “enseñar es un acto performativo” que hace obligatorio el compromiso “con los «públicos», a considerar asuntos de reciprocidad”. Además, esta pedagogía se preocupa por el bienestar en donde la violencia, en todas sus manifestaciones, no tiene cabida. Por otra parte, es preciso “descolonizar las formas tradicionales de investigación, para promover el diálogo y la comprensión interseccional”, producción de conocimiento y saberes “desde una perspectiva intercultural, de género y con enfoque en derechos humanos”.

En este sentido, “No queremos pensarnos frente a los hombres, sino pensarnos mujeres y hombres en relación a la comunidad”. La violencia, el racismo y la discriminación han sido normalizados, por ello se hace la invitación a acuerparnos compañeras y compañeros “es decir, estamos y sentimos las injusticias e indignaciones que viven otros cuerpos y la naturaleza a causa del patriarcado; nos juntamos y actuamos con plena conciencia para defender de manera colectiva nuestro cuerpo. Porque […] se trata de un acto político en reivindicación de la vida”. Pero, una vida digna con el reconocimiento y el ejercicio de la igualdad derechos.
Texto: María Teresa Arteaga





