Con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este 9 de mayo una resolución que dispone seguir con el trámite del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Esto ocurre luego que el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba archivarlo por falta de pruebas no se aprobó.
Al momento de la votación en el pleno estuvieron 116 legisladores. Según lo que adelantó días atrás Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, la resolución debía aprobarse con la mitad más uno de los presentes.
La moción de la resolución fue planteada por Viviana Veloz, de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), quien es una de las interpelantes de Lasso.
El primer punto de la resolución aprobada habla de enjuiciar políticamente a Lasso “por la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida por el dictamen 1-23-DJ/23 de la Corte Constitucional”.
“Se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Precisamente, por ello, la Asamblea Nacional acusa al presidente de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro (expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO) definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Consecuentemente, el presidente de la República conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec EP”, señala el texto aprobado.
“Jamás cumplió su deber constitucional previsto en el artículo 233 de la Carta Fundamental y, al contrario de remover y denunciar penalmente a los funcionarios responsables de estos ilícitos, permitió que el señor Valm. Jhony Estupiñán sea cesado ilegalmente del cargo de gerente, a pesar de que fue él quien le remitió un informe y una carta denunciando dichas irregularidades”, agregó.
El debate del tema se inició pasadas las 11:00 con 117 legisladores, pero Fernando Villavicencio se retiró del salón alegando que no avalaría la sesión a la que consideró ilegal. Intervinieron 22. Saquicela cerró las exposiciones pasadas las 14:00 y pidió a la secretaría que tome la votación.
En su intervención, Veloz planteó que se disponga a la Comisión de Fiscalización remita al pleno todo el expediente, actas y pruebas anunciadas, pero no el informe sobre el juicio político al presidente que no fue aprobado.
Una vez que se dio paso al juicio, se seguirá el trámite previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Dicho artículo señala lo siguiente: “La presidenta o presidente de la Asamblea Nacional dispondrá a través de Secretaría General de la Asamblea Nacional la difusión del informe. Transcurridas 48 horas luego de la difusión del informe, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de cinco días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder a la censura y destitución, de ser el caso”.
Según el artículo 94, en el plazo de cinco días de concluido el debate, el presidente de la Asamblea Nacional convocará a la sesión del pleno a fin de que resuelva motivadamente sin debate con base en las pruebas de descargo presentadas por Lasso. (I)
Fuente: EL UNIVERSO
