La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en colaboración con la Cámara de Empresas de Compra Programada (AECOP), llevó a cabo una jornada de capacitación sobre el “Reglamento para el control de las compañías que realizan el servicio de venta con planes de compra programada”
El evento fue organizado con el objetivo de difundir los detalles del reglamento que entró en vigencia en 2024 y rige las actividades de las empresas dedicadas a la compra programada, un modelo de financiamiento accesible para la adquisición de vehículos e inmuebles. Ochenta representantes de 55 empresas de todo el país, participaron en este evento.
La jornada contó con la participación del superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Luis Cabezas-Klaere; el intendente General de Compañías, Luis Idrovo; la Directora de Inspección, Control, Auditoría e Intervención de la Superintendencia, Ana María Houbin; la directora de Prevención de Lavado de Activos, Herminia Suárez; el director Ejecutivo de AECOP, Mauricio Peña; y Diego Ordóñez integrantes del Directorio de la Cámara de Empresas de Compra Programada (AECOP).
Objetivos del Reglamento
El reglamento establece un conjunto de requisitos destinados a proteger los intereses de los consumidores y generar confianza en las empresas que ofrecen estos servicios. Este marco legal busca garantizar transparencia, seguridad y cumplimiento dentro de un sector que sigue en crecimiento y representa una opción accesible para quienes desean adquirir bienes como vehículos e inmuebles mediante planes de pago programado.
Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer en detalle el contenido del reglamento y entender los mecanismos de control que la Superintendencia de Compañías implementará para asegurar el cumplimiento de la normativa. La capacitación proporcionó las herramientas necesarias a las empresas de compra programada para adaptarse a la nueva regulación y continuar operando de manera efectiva y confiable en beneficio de sus clientes.
Este evento reafirma el compromiso del Estado y las organizaciones privadas de fomentar un entorno de financiamiento inclusivo, seguro y transparente para todos los ecuatorianos.
