El presente análisis es abordado por Andrés Sarzosa, especialista en sostenibilidad de CERES (Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social & Sostenibilidad), quien examina los avances, riesgos y estrategias de adaptación del país frente al cambio climático.
Ecuador enfrenta un doble desafío en el contexto del cambio climático, por un lado, el reto de financiar la adaptación en un contexto de crecientes impactos evidentes y por otro las limitaciones presupuestarias y de política pública. Si bien existen avances en mecanismos como el pago por resultados REDD+ y el canje de deuda por conservación. No obstante, lo desarrollado no es suficiente para un desafío tan grande, al ser el uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, se encuentra entre los más vulnerables al cambio climático. Su ubicación geográfica, su diversidad ecosistémica y su alta dependencia de los recursos naturales lo hacen especialmente sensible a los cambios en temperatura, precipitación y eventos extremos. En las últimas décadas, los impactos se han vuelto más notorios y de mayor impacto.
Según el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la temperatura promedio en Ecuador ha aumentado entre 0,8 y 1,1 °C desde 1960, mientras que los glaciares andinos han perdido más del 50 % de su superficie en los últimos 60 años. El glaciar del Carihuairazo, por ejemplo, prácticamente ha desaparecido, y el del Chimborazo se ha reducido a una fracción de su tamaño original. Estos cambios afectan directamente el abastecimiento de agua para más de 3 millones de personas en la Sierra central. A la par, el país ha perdido 38 mil hectáreas de bosque natural, equivalente a 25,9 millones de toneladas de CO2 por deforestación lo cual impacta en los efectos del cambio climático y reduce los sumideros de carbono disponibles.
En la Amazonía, las alteraciones del régimen de lluvias y las sequías más prolongadas amenazan la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades indígenas. En 2023, el Ministerio de Agricultura reportó pérdidas agrícolas de más de USD 120 millones debido a fenómenos climáticos asociados a “El Niño”, especialmente en cultivos de arroz, maíz y banano. Las proyecciones indican que, de no actuar con urgencia, las pérdidas anuales podrían superar los USD 500 millones para 2050.
En la Costa, el aumento del nivel del mar, estimado en 3,5 mm por año según el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), amenaza a ciudades costeras como Guayaquil, Esmeraldas y Manta. Se calcula que más de 350 000 personas viven en zonas con riesgo alto de inundación o erosión costera. Los ecosistemas marino-costeros, como los manglares y los arrecifes de coral, también están en peligro: Ecuador ha perdido cerca del 25 % de sus manglares en las últimas décadas, reduciendo su capacidad de protección natural frente a tormentas y marejadas. La acidificación de los océanos debido a la absorción del CO2 atmosférico, es una de las mayores amanezcas para la cadena biótica de este ecosistema. Ecuador por su posición en la mitad del mundo es uno de los más vulnerables a este efecto de reducción de PH, lo cual afectará a arrecifes de coral y mariscos.
A nivel social, el cambio climático agrava desigualdades preexistentes. Las familias rurales pobres son las más expuestas, pues dependen directamente de la agricultura, la pesca y los recursos naturales. El Banco Mundial estima que, para 2050, cerca de 1,2 millones de ecuatorianos podrían estar en riesgo de desplazamiento interno por razones climáticas, sobre todo en zonas rurales y costeras.
Frente a esta realidad, Ecuador ha dado pasos importantes. En 2019 se aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que guía las acciones de los gobiernos locales y sectores productivos. El país cuenta también con 90 planes de adaptación locales, impulsados en coordinación con municipios, prefecturas y comunidades. Además, Ecuador se comprometió en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) a reducir en 20,9 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, con un fuerte enfoque en la adaptación y la resiliencia.
El reto, sin embargo, es enorme. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador necesitará invertir al menos el 1,5 % de su PIB anual para sostener una estrategia efectiva de adaptación y reducción de riesgos. La inversión no solo es ambiental, sino también económica y social: proteger los ecosistemas significa proteger las fuentes de empleo, el agua, la energía y la seguridad alimentaria del país.
Adaptarse al cambio climático no es solo una cuestión técnica o política; es una necesidad vital para garantizar el futuro de las próximas generaciones. Ecuador está dando pasos firmes, pero el camino exige un compromiso conjunto: gobiernos, empresas, comunidades y ciudadanía deben unir esfuerzos para construir un país más resiliente, justo y sostenible frente a un clima que ya está cambiando.
