El expresidente de Ecuador Lenín Moreno fue condenado a cinco años de prisión por el delito de cohecho, tras ser declarado culpable por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el denominado caso Sinohydro. La sentencia, emitida el viernes 28 de agosto de 2026, establece que Moreno recibió sobornos relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, cuando se desempeñaba como vicepresidente de Rafael Correa. Además de la pena privativa de libertad, el exmandatario quedó inhabilitado de manera permanente para ejercer cargos públicos.
De acuerdo con la información difundida durante el proceso judicial, la trama investigada estuvo relacionada con pagos realizados por la empresa china Sinohydro para obtener la adjudicación y financiamiento del proyecto hidroeléctrico. Reuters reportó que la investigación vinculó a Moreno, integrantes de su familia y empresarios con un esquema de corrupción que habría movilizado alrededor de USD 76 millones entre 2009 y 2018. La Fiscalía había solicitado una condena de seis años y seis meses de prisión para Moreno y otros procesados.
La sentencia también alcanzó a personas del entorno familiar y cercano del exmandatario. Su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; sus hermanos Edwin y Guillermo, y otros procesados recibieron diferentes penas por su participación en la trama, mientras que el empresario Conto Patiño y el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo fueron condenados a cinco años de prisión. En total, el tribunal emitió condenas contra 20 personas vinculadas al caso, según reportaron medios nacionales e internacionales.
Moreno, quien gobernó Ecuador entre 2017 y 2021, ha rechazado las acusaciones y durante el proceso sostuvo que nunca recibió dinero de Sinohydro y que no tuvo responsabilidad en la administración de los contratos relacionados con Coca Codo Sinclair. La sentencia corresponde a una decisión de primera instancia y puede ser impugnada mediante los recursos establecidos en la legislación ecuatoriana. El caso marca un nuevo episodio en la historia judicial de expresidentes ecuatorianos y coloca nuevamente a la corrupción vinculada a grandes proyectos de infraestructura en el centro del debate nacional.
