La madrugada del 24 de septiembre, un operativo ejecutado en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos permitió detener a treinta y seis personas investigadas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, cuyo fin habría sido el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Una vez que Fiscalía formuló cargos en su contra, el Juez que conoció la causa dispuso prisión preventiva para todos.
La detención fue el resultado de una investigación de varios meses, durante la cual se efectuaron vigilancias, seguimientos e interceptaciones de llamadas, todas debidamente autorizadas por un juez competente. Estas diligencias permitieron identificar a un grupo que se habría organizado para el tráfico de drogas.
Según la investigación, sus integrantes habrían acopiado grandes cantidades de droga en inmuebles ubicados en Los Ríos y Guayas, para luego transportarlas por vía terrestre y contaminar contenedores de exportación con destino a Europa, Estados Unidos y Centroamérica. Para ello, habrían utilizado puertos y aeropuertos de Guayas y El Oro.
Como resultado de estas acciones, entre febrero y julio de 2026 se aprehendieron cerca de 6.190 paquetes de cocaína, en diferentes fechas. Además, se presume que los líderes de la estructura tendrían vínculos con una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal de origen mexicano.
En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal del caso expuso los elementos de convicción que sustentaron el inicio de la instrucción fiscal y la solicitud de medidas cautelares.
Entre ellos constan el informe investigativo, que recoge los resultados de las diligencias de seguimiento, vigilancia e interceptación de llamadas; las versiones de los agentes que participaron en el operativo y en las detenciones; y los informes de inspección ocular técnica de los inmuebles allanados.
Durante los allanamientos también se encontraron evidencias que permanecen bajo cadena de custodia y serán analizadas posteriormente.
Además de la prisión preventiva, el Juez ordenó la prohibición de enajenar bienes, en especial los vehículos que actualmente se encuentran bajo cadena de custodia, así como el congelamiento y la retención de los valores que los procesados mantengan en el Sistema Financiero Nacional.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
Los procesados son:
Jinson T., Iter I., Luiggy A., Sergio S., Alberto A., Christian V., Guido O., Ronald Ch., Mauricio P., Juan L., Jorge H., José A., Christian P., Arnoldo V., Jonathan G., Diego F., Christian J., Carlos C., Jhonson M., Manuel J., Gean G., Carlos Ch., Carlos N., Luis S., Kevin V., Bryan F., Roberth V., Jefferson P., Julio G., Carlos G., Luis A., Oswaldo V., Walter M., Carlos P., Carlos C. y Jinson C.
