Lo que durante años fue considerado un caso de éxito en el control del tabaquismo hoy se ha convertido en una advertencia sobre las consecuencias del crecimiento del comercio ilícito. Australia, país que mantiene los cigarrillos legales más caros del mundo debido a una política sostenida de incrementos tributarios, enfrenta actualmente una expansión del mercado negro que, de acuerdo con una investigación reciente de The New York Times, abastece a cerca del 80 % de los consumidores y ha derivado en una ola de violencia asociada a organizaciones criminales, incluyendo extorsiones, incendios provocados y homicidios.
Aunque los contextos son distintos, el caso australiano evidencia que cuando el mercado ilegal gana espacio, las consecuencias trascienden el ámbito comercial o sanitario y alcanzan dimensiones económicas y de seguridad. Precisamente frente a esta realidad, Australia ha comenzado a revisar las medidas con las que busca contener el avance del comercio ilícito. Un comité del Senado australiano publicó recientemente un informe sobre la crisis del tabaco ilegal y recomendó una respuesta integral que combine medidas regulatorias, fiscales, de fiscalización y educación pública.
Entre sus principales recomendaciones, el comité propone suspender temporalmente nuevos incrementos al impuesto especial sobre los productos de tabaco hasta que se registren avances significativos en la reducción del mercado ilícito, además de realizar una revisión independiente del nivel actual de los impuestos para evaluar el impacto de diferentes escenarios tributarios.
El informe también plantea fortalecer la capacidad de control fronterizo y aplicación de la ley, modernizar los sistemas de inspección de carga, reforzar la coordinación entre las autoridades nacionales y estatales e impulsar campañas de información pública para desalentar la compra de productos ilícitos. Asimismo, recomienda evaluar un marco regulatorio que permita la venta legal y regulada de vapeadores y otros productos de nicotina sin combustión como alternativas para fumadores adultos.
Este debate resulta especialmente relevante para Ecuador, donde el comercio ilícito de cigarrillos también ha alcanzado niveles significativos. De acuerdo con el estudio más reciente de KPMG LLP sobre el mercado ilícito de cigarrillos en América Latina y Canadá, el 83,6 % de los cigarrillos consumidos en el país durante 2025 fueron de origen ilícito, lo que equivale a aproximadamente 1.500 millones de unidades comercializadas fuera de los canales legales. Con este resultado, Ecuador se ubica como el segundo país con mayor incidencia de comercio ilícito entre los once mercados analizados, únicamente por detrás de Panamá.
El impacto económico también resulta significativo. Según el mismo informe, el Estado ecuatoriano dejó de percibir alrededor de USD 312 millones en ingresos tributarios durante 2025 debido al comercio ilegal de cigarrillos. Estos recursos podrían destinarse al fortalecimiento de áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y seguridad ciudadana.
La situación ecuatoriana también coincide con los hallazgos del Índice de Comercio Ilícito 2025 elaborado por TRACIT (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade), que ubica a Ecuador en el puesto 113 de 158 países evaluados. El informe señala que, pese a contar con un marco regulatorio, el país enfrenta importantes desafíos para controlar las cadenas de suministro ilícitas y fortalecer la aplicación efectiva de la ley frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.
TRACIT advierte además que el comercio ilícito no constituye un delito aislado, sino una actividad que reduce la recaudación fiscal afecta la competitividad de la economía formal, expone a los consumidores a productos fuera de controles sanitarios y genera una fuente de financiamiento para redes de delincuencia organizada.
A nivel regional, el estudio de KPMG estima que durante 2025 el consumo ilícito alcanzó 77.000 millones de cigarrillos, equivalente al 31,9 % del mercado total en América Latina y Canadá, ocasionando pérdidas tributarias cercanas a USD 8.500 millones para los gobiernos de la región.
El caso australiano demuestra que, cuando el comercio ilegal logra consolidarse, revertir sus efectos resulta cada vez más complejo. Para Ecuador, donde más de 8 de cada 10 cigarrillos consumidos provienen del mercado ilícito, el desafío no solo implica recuperar ingresos fiscales, sino fortalecer las acciones orientadas a combatir las economías criminales que encuentran en el contrabando una importante fuente de financiamiento.
