Este martes, la ciudad de Quito vivió una jornada marcada por el caos y la incertidumbre debido a la paralización parcial del transporte público, que dejó a cientos de ciudadanos sin posibilidad de movilizarse con normalidad. Desde las primeras horas de la mañana, paradas de buses abarrotadas, largas caminatas y retrasos generalizados se convirtieron en la tónica del día.
Según reportes de medios nacionales, como El Comercio y Primicias, varios sectores de transportistas suspendieron sus operaciones como medida de presión ante desacuerdos con el Municipio, especialmente en torno al costo del diésel y la posible revisión de tarifas. La situación afectó principalmente a trabajadores, estudiantes y personas que dependen del transporte público para sus actividades diarias.
En distintos puntos de la ciudad se registraron aglomeraciones, mientras que alternativas como taxis y transporte informal incrementaron su demanda, elevando también los costos para los usuarios. La falta de unidades provocó retrasos significativos y complicaciones en la movilidad urbana.
Frente a esta situación, el alcalde de Pabel Muñoz emitió un pronunciamiento contundente, en el que rechazó las medidas de presión adoptadas por ciertos sectores del transporte:
“En Quito no nos van a someter ni a presiones ni a formas de extorsión.
Hay contratos firmados y se cumplen.
He dispuesto iniciar expedientes sancionatorios y descontar hasta el último minuto en que no se haya prestado el servicio.
Entendemos la situación por el diésel y eso se puede conversar.
Pero pretensiones de subir la tarifa a 65 centavos o más no tendrán apoyo.
El diálogo es posible, como lo hemos venido haciendo, pero sin amenazas.
Suspendemos el pico y placa en la tarde y pedimos a la ciudadanía organizarnos, incluso compartiendo vehículo.
Quito no se somete.”
Como medida emergente, el Municipio anunció la suspensión del sistema de restricción vehicular “pico y placa” durante la tarde, con el objetivo de facilitar la movilidad y reducir el impacto de la paralización.
Las autoridades también indicaron que se iniciarán procesos sancionatorios contra las operadoras que incumplieron sus contratos, mientras se mantiene abierta la posibilidad de diálogo con los transportistas, siempre que no se utilicen medidas de presión.
La situación evidenció nuevamente la fragilidad del sistema de transporte en la capital y la necesidad de soluciones estructurales que garanticen un servicio eficiente y sostenible para la ciudadanía. Mientras tanto, miles de quiteños tuvieron que improvisar alternativas para poder cumplir con sus actividades en medio de una jornada complicada.
