La Fiscalía General del Estado vinculó a diez personas adicionales a la instrucción fiscal que investiga un presunto delito de peculado relacionado con la contratación emergente para los proyectos de generación eléctrica en Salitral y Quevedo, ejecutados durante la crisis energética de 2024, caso Apagón.
En la audiencia de vinculación, el Juez Nacional acogió la solicitud motivada del fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, y dictó orden de prisión preventiva para José A., Cristhian D., Daniela G., Luis U., Marlon C., José S., Marcos G., José M., Peter D. y José D. Con ellos, se eleva a 31 el número total de procesados en esta causa.
La acusación formulada por la Fiscalía General del Estado se sustenta en que los procesados habrían incurrido en una cadena de irregularidades y que, aprovechándose de la crisis energética que atravesaba el país en 2024, presuntamente dispusieron —de manera arbitraria— de fondos públicos y direccionaron las contrataciones emergentes para los proyectos de generación térmica en Salitral y Quevedo.
Durante la audiencia de vinculación, Fiscalía expuso que los sospechosos habrían evadido y omitido procedimientos legales en las fases precontractual, contractual y de ejecución con el fin de favorecer a la empresa Progen Industries LLC, contratista que, según la investigación, no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas ni con las condiciones necesarias para ejecutar los proyectos.
La investigación determinó que, tras la resolución de emergencia emitida en junio de 2024 por la Gerencia General de CELEC EP, la Unidad de Negocio Termopichincha habría suscrito dos contratos de emergencia con Progen por un total de 149,1 millones de dólares: el contrato Salitral, por 99,4 millones de dólares y el contrato Quevedo, por 49,7 millones de dólares. Ambos tenían como objeto la adquisición de grupos electrógenos, obras civiles y puesta en marcha de las centrales.
Pese a que la proveedora habría entregado generadores inoperativos, técnicamente incompatibles y que no eran nuevos, se efectuaron pagos por anticipos que superaron los 104 millones de dólares.
Según la tesis fiscal, cada uno de los procesados habría actuado desde su ámbito de competencia —manipulando informes técnicos, concediendo prórrogas injustificadas, omitiendo fiscalizaciones e intercediendo informalmente— para viabilizar el desembolso de recursos estatales en perjuicio del Estado.
La instrucción fiscal se amplía por treinta días más.
Información jurídica
El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena privativa de libertad de diez a trece años.
