La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra diez personas, que fueron detenidas la madrugada del 30 de enero durante un operativo ejecutado de forma simultánea en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas: serían parte de una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), dedicada a la emisión irregular de licencias, permisos de operación y otros documentos.
Luego del análisis de los elementos de convicción expuestos por el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a cargo del caso, el Juez a cargo de la audiencia de formulación de cargos dictó prisión preventiva para Pedro A., Ximena C., Oswaldo H., Edwin S., Gustavo C., Dora S., Manuel P., Carlos O. y Enrique C.
Además, dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para Emma A. La instrucción fiscal durará noventa días.
Según lo expuesto por Fiscalía en el desarrollo de la diligencia, la investigación se inició en julio de 2025, luego de una denuncia recibida a través del 1800-Delito, en la que se informó que un grupo de personas –la mayoría funcionarios de la ANT– estarían cobrando (según la información obtenida en el proceso entre 150 y 250 dólares por trámite) para entregar matrículas, licencias o permisos de operación, sin la necesidad de obtener turnos.
Con base en esos antecedentes, se aplicaron técnicas especiales de investigación –como seguimientos y vigilancias–, a través de las cuales se obtuvo información que daría cuenta de la comisión del delito por parte de las personas hoy procesadas, por eso se organizó un operativo para su detención.
En los veintitrés allanamientos ejecutados, se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, cientos de licencias, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y dinero en efectivo, que fueron presentados como parte de los elementos de convicción en la audiencia.
En la diligencia se expusieron también: los partes policiales de las detenciones y las versiones de los agentes que participaron en el operativo y de las personas procesadas; los respectivos informes de inspección ocular técnica y levantamiento de evidencias, mismas que se encuentran bajo cadena de custodia y que serán periciadas para la obtención de más elementos relacionados con la investigación.
Información jurídica
El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de delincuencia organizada, cuya pena puede llegar hasta los diez años.
