Después de dieciocho días, el paro indígena y popular terminó. El acuerdo entre el gobierno y los manifestantes desenlazó un período de crisis política que aún no termina de zanjarse, pues deja como saldo un gobierno diezmado, instituciones estatales sin credibilidad y un movimiento social victorioso.
Los errores políticos del régimen pesan en los resultados. Desde el desdén inicial ante los reclamos, pasando por el apresamiento autoritario de Iza y la escalada represiva criminal, hasta la ausencia presidencial en los diálogos dan fe de una gestión torpe de la crisis, que lejos de amainar las movilizaciones las impulsó.
El gobierno tuvo que ceder a la tozudez de cumplir fielmente el dogma neoliberal fondomonetarista. Fue derrotada su arrogancia y la agenda represiva, pues se vio obligado a asumir varias exigencias del paro.
Junto al régimen quedan aisladas las élites xenófobas y racistas, se desnudan los intereses separatistas de la burguesía guayaquileña y pierden más credibilidad los grandes medios de comunicación que justificaron la violencia del Estado, al tiempo que censuraban las voces de la lucha calificándolas de golpistas, vándalas y terroristas.
Del otro lado, la principal protagonista de la victoria es la CONAIE y su presidente, en tanto, las organizaciones del Frente Popular son subsidiarias de las reivindicaciones alcanzadas. La incorporación de la juventud y las mujeres, de las barriadas pobres y del campesinado, la combinación de diferentes formas de lucha fue decisiva para vencer.
Quienes tratan de desnaturalizar la victoria cuestionan la reducción de quince centavos de dólar en el costo de cada galón de la gasolina y el diésel, como si fuese la única reivindicación alcanzada; la fuerza de la movilización social obligó al gobierno a retroceder en su política de expansión minera y petrolera, a declarar en emergencia la salud pública, a duplicar el presupuesto a la educación bilingüe, a subsidiar los insumos agrícolas, a condonar deudas en BanEcuador, a incrementar el crédito para pequeños y medianos productores, etc.
Los logros del paro suman mil millones de dólares más, equivalente al 3% del Presupuesto General del Estado, destinados para inversión social productiva. Tras un año de mandato del banquero, estas son las primeras políticas públicas hechas por el gobierno en la que se registra participación ciudadana. Ese es el resultado de la unidad y la lucha popular.
En los próximos noventa días el cumplimiento de los acuerdos es fundamental. Sería suicida si el gobierno infringe lo acordado. Lasso apenas puede festejar que la deslegitimada Asamblea Nacional no pudo destituirlo, pero la ingobernabilidad continuará en las instituciones y en la calle también. (O)
