Cada 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos, una fecha que en Ecuador cobra especial relevancia ante la persistencia de prácticas de cobranza que vulneran la privacidad, la reputación y la tranquilidad de miles de personas endeudadas.
Una de las principales problemáticas está relacionada con el uso indebido de datos personales por parte de empresas de cobranza, que acceden, comparten o utilizan información sin consentimiento expreso, incluso contactando a familiares, jefes o compañeros de trabajo del deudor. “El hecho de tener una deuda no implica la pérdida de derechos fundamentales. La ley es clara: existen límites para la gestión de cobranza y obligaciones estrictas en materia de protección de datos personales y derechos del consumidor”, explica César Coronel, abogado de Defensa Deudores Ecuador.
Testimonios que evidencian el impacto
Los casos que llegan al estudio jurídico reflejan la gravedad de estas prácticas.
Martín (nombre protegido), cliente de Defensa Deudores Ecuador, relata que su deuda fue vendida a una empresa de cobranzas que comenzó a contactar a su familia. “Empezaron a llamar a mi hija de 16 años para cobrar la deuda. Le dijeron cosas amenazantes y groseras. Ahí entendí que estaban vulnerando nuestros derechos y decidí denunciarlos”.
María (nombre protegido) recibió mensajes insistentes por WhatsApp por parte de una cooperativa. “Se contactaron con mi madre, visitaron su lugar de trabajo y llegaron hasta mi casa. Todo este hostigamiento causó un daño emocional tanto en ella como en mí”.
Nadia (nombre protegido) fue hostigada por una deuda que no le pertenecía. “Se comunicaron con antiguos y actuales empleadores, me amenazaron en mi lugar de trabajo y dañaron mi buen nombre, llamándome estafadora”.
En otros casos, se ha identificado el uso de amenazas falsas, como el inicio de procesos coactivos o la prisión por deudas. “Las empresas privadas no tienen potestad coactiva y en Ecuador no existe prisión por deudas. Utilizar este tipo de amenazas constituye una mentira y una forma de amedrentamiento ilegal”, aclara Coronel.
¿Qué es legal y qué no en la gestión de cobranza?
La reforma al artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (febrero de 2022) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establecen límites claros para evitar el hostigamiento y el uso abusivo de información personal. Entre ellos:
- La gestión de cobranza solo puede realizarse una vez al día, por llamada, mensaje o correo electrónico.
- Las llamadas están permitidas únicamente de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 20:00. No se pueden realizar fines de semana ni feriados.
- Solo se puede contactar al deudor, codeudor o garante. Está prohibido comunicarse con terceras personas ajenas a la deuda.
- Las llamadas deben realizarse desde números identificables.
- Está prohibido ridiculizar, amenazar, intimidar o difamar al deudor.
“Contactar a jefes, compañeros de trabajo o familiares sin autorización constituye una doble vulneración: al derecho del consumidor y al derecho a la protección de datos personales”, advierte Coronel.
Protección de datos: una deuda pendiente en el país
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales prohíbe expresamente la venta o comercialización de bases de datos sin consentimiento expreso; sin embargo, esta práctica continúa ocurriendo en Ecuador. “Existe un mercado ilegal de datos que permite que distintas empresas accedan a información sensible. Esto explica por qué las agencias de cobranza obtienen números de familiares, jefes o amigos que el deudor nunca entregó, y por qué muchas personas reciben llamadas de empresas con las que jamás han tenido relación directa”, señala Coronel.
“Los deudores deben exigir políticas claras de protección de datos al firmar cualquier contrato financiero y denunciar de inmediato cualquier uso indebido para evitar que su información se convierta en mercancía”, advierte el abogado, quien recalca que “aunque una persona tenga una deuda, su derecho a la intimidad y a la protección de sus datos sigue intacto”.
¿Qué puede hacer un deudor si se vulneran sus derechos?
Coronel recomienda una vía que puede ser efectiva: acudir ante jueces competentes, donde incluso se pueden solicitar indemnizaciones por daños morales, psicológicos o reputacionales.
Para sustentar una denuncia, se recomienda conservar correos electrónicos, mensajes, grabaciones de llamadas, capturas de pantalla, testigos o informes psicológicos, según el caso. Las sanciones por incumplir la normativa pueden ir desde 1 hasta 10 Salarios Básicos Unificados, es decir hasta USD 4.820, y duplicarse en caso de reincidencia.
“Hemos defendido casos en los que empresas enviaron correos a jefes con detalles de deudas, causando incluso despidos. La responsabilidad es compartida: tanto la firma de cobranza como el acreedor original pueden ser sancionados”, señala Coronel.
Consejos prácticos para proteger tus datos
La prevención es clave. El abogado recomienda leer detenidamente los contratos antes de firmarlos, verificar que existan políticas claras de protección de datos y limitar la información personal que se comparte, especialmente en redes sociales. “La información personal es un activo sensible. Protegerla no solo es un derecho, sino una herramienta para frenar abusos que afectan la dignidad y la vida cotidiana de las personas”, concluye.
Además, se aconseja conservar evidencias ante cualquier forma de hostigamiento, no tomar decisiones bajo presión, bloquear contactos indebidos y denunciar oportunamente.
