Para más de 21.000 ecuatorianos con enfermedad renal, faltar a una sesión de diálisis no es una opción, significa poner en riesgo su vida. Sin embargo, la crisis que enfrenta el sistema de diálisis en el país ya está dejando consecuencias visibles y cada vez más graves para miles de pacientes y sus familias.
El cierre progresivo de dializadoras en distintas ciudades del país, provocado por la falta de pagos y la creciente asfixia financiera del sector, está obligando a pacientes a desplazarse largas distancias para poder acceder a un tratamiento vital. Lo que antes podían recibir cerca de sus hogares, hoy implica viajes de varias horas, cambios de ciudad e incluso separaciones familiares para no interrumpir la diálisis.
En algunos casos, pacientes deben salir de madrugada tres veces por semana para alcanzar un cupo disponible en otro cantón o provincia. En algunos casos, los pacientes deben salir de sus hogares en plena madrugada, hasta tres veces por semana, para recorrer varias horas y encontrar un cupo disponible en otro cantón o provincia.
Para muchos, recibir diálisis ya no significa acudir a un centro cercano, sino enfrentarse a extensos traslados, desgaste físico y gastos adicionales simplemente para poder seguir viviendo.
La situación ocurre en un contexto donde gran parte de la atención renal en Ecuador depende de centros privados y prestadores conveniados que sostienen buena parte de la cobertura nacional. Sin embargo, la deuda acumulada del Estado con las dializadoras que actualmente asciende aproximadamente a 463 millones de dólares ha llevado al sistema a un punto crítico.
La falta de liquidez está afectando directamente la capacidad operativa de los centros. Muchos enfrentan dificultades para adquirir insumos médicos, mantener equipos especializados y sostener sus operaciones diarias. La consecuencia ya no es solo financiera, es una crisis que impacta directamente en la atención de los pacientes.
El riesgo es real, la reducción de servicios, reorganización de turnos y cierre de centros están generando una presión cada vez mayor sobre las dializadoras que continúan operando, mientras miles de pacientes viven con incertidumbre sobre la continuidad de su tratamiento.
A esta problemática se suma el impacto laboral. El sector de diálisis genera miles de empleos para médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo. Sin embargo, el deterioro financiero ya comienza a reflejarse en retrasos de pagos, sobrecarga operativa y un escenario de creciente inestabilidad para el talento humano de salud.
Frente a este panorama, el sector advierte que el sistema de diálisis en Ecuador enfrenta una situación crítica que requiere acciones urgentes e inmediatas. La regularización de pagos pendientes, mecanismos sostenibles de financiamiento y una respuesta articulada entre el Estado y los prestadores de salud son indispensables para evitar un colapso mayor.
Garantizar la continuidad de los servicios de diálisis no es únicamente un tema administrativo o financiero. Significa evitar que miles de ecuatorianos sigan recorriendo el país para poder sobrevivir. Es impedir que más centros cierren sus puertas y que más pacientes enfrenten el miedo de no saber si podrán recibir, a tiempo, el tratamiento que los mantiene con vida.
