Por primera vez en la historia del Ecuador, se ha llevado a cabo un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) en el ámbito minero, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Azuay del 2023, y lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en el país desde hace más de 20 años que manda a hacer esta práctica.
Este importante paso tuvo lugar con la Comunidad de Escaleras, en Azuay, por orden de la Corte Provincial de Azuay. La CPLI es un mecanismo de participación ciudadana que se aplica en proyectos extractivos situados en territorios donde habitan comunidades, comunas o nacionalidades indígenas con ancestralidad reconocida.
La consulta previa se inició en junio de 2024, con una planificación liderada por el Ministerio de Energía y Minas, con la asistencia técnica de la OIT. Aunque la Ley de Consulta Previa aún se encuentra en debate en la Asamblea Nacional, y se reconoce este avance legislativo, desde la Cámara de Minería del Ecuador se destaca que su tratamiento y eventual promulgación aún tomará tiempo. En ese contexto, se recuerda que la falta de una ley no justifica el no cumplimiento de un derecho fundamental, como lo han establecido tanto la Corte Constitucional como la OIT.
El abogado constitucionalista y catedrático universitario Emilio Suárez subrayó que con esta consulta: “Se garantizó el ejercicio de un derecho de la comunidad. Y se dio cumplimiento a los estándares constitucionales e internacionales.”
El proceso fue conducido por el Estado ecuatoriano, con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo y la verificación de la Defensoría del Pueblo, institución que ha reportado periódicamente el cumplimiento de la sentencia dictada. El resultado fue claro y contundente: por consenso, los sujetos consultados se pronunciaron a favor del cambio de fase del proyecto Loma Larga.
Este respaldo comunitario permitirá, una vez obtenida la licencia ambiental, el inicio de la fase de construcción del proyecto minero a gran escala. La inversión estimada supera los 400 millones de dólares, y se proyecta la generación de más de 1.500 empleos durante esta etapa.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, destacó: “Este proceso marca un antes y un después para el país. No solo demuestra que sí es posible cumplir con estándares internacionales en un proyecto minero, sino que evidencia que el diálogo transparente con las
comunidades puede abrir camino al desarrollo inclusivo y sostenible.”
En el contexto actual, donde el país ha sido testigo de los efectos devastadores de la minería ilegal, resulta fundamental que la minería responsable avance. Ecuador necesita atraer inversión, generar empleo y aprovechar sus recursos naturales de forma legal, planificada y respetuosa de los derechos colectivos. Procesos como este contribuyen a frenar la minería ilegal, que destruye el ambiente, impide el desarrollo y, lo más grave, cobra vidas humanas.
Desde la CME, aplaudimos la voluntad del Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Energía y Minas, así como del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de avanzar por el camino del cumplimiento de derechos y del desarrollo sostenible.
