Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz, fue trasladado a la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, luego de ser detenido en Guayaquil durante un operativo internacional ejecutado el miércoles 4 de noviembre de 2026, con participación de la Policía Nacional y coordinación de organismos de seguridad internacionales.
La detención fue anunciada por el ministro del Interior, John Reimberg, quien informó que Bucaram registra una notificación roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos. En el mismo operativo fueron detenidos Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López. Otros dos ciudadanos ecuatorianos, Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, fueron capturados en Panamá.
De acuerdo con información difundida por las autoridades ecuatorianas, las detenciones se efectuaron en coordinación con Interpol y organismos de seguridad de Estados Unidos y Panamá. Los cinco ciudadanos son requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia de armas. La acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York incluye una presunta conspiración para importar cocaína hacia territorio estadounidense.
Tras su captura, Jacobo Bucaram y los otros dos ciudadanos detenidos en Ecuador fueron ingresados en la cárcel del Encuentro, considerada uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad del país. Según información confirmada por fuentes del Gobierno, permanecerán bajo custodia mientras se desarrollan los procedimientos judiciales correspondientes para su eventual extradición a Estados Unidos. El ministro Reimberg señaló que el traslado de los detenidos a ese país se concretaría una vez cumplidos los trámites legales.
Este nuevo episodio judicial se suma a los antecedentes que enfrenta Jacobo Bucaram en Ecuador. En septiembre de 2026 recibió, junto con su padre, una sentencia de primera instancia de nueve años y cuatro meses de prisión por el caso denominado Pruebas Covid-19. Mientras avanzan los procedimientos internacionales, las autoridades deberán garantizar el cumplimiento del debido proceso y la presunción de inocencia respecto de las nuevas acusaciones.
