En la lucha contra el cáncer, el éxito no se mide por las leyes aprobadas ni por los medicamentos incluidos en un listado oficial, sino por la continuidad del cuidado, es decir, que el paciente reciba el tratamiento correcto en el momento preciso. Hoy, Ecuador enfrenta una paradoja dolorosa: aunque múltiples terapias ya forman parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), la realidad en los pasillos de los hospitales cuenta una historia muy distinta.
¿Qué está pasando realmente?
Existe una brecha crítica que separa el derecho a la salud de la atención efectiva. Actualmente, menos del 40% de las pacientes oncológicas recibe un tratamiento adecuado, lo que significa que más del 60% se encuentra bajo esquemas subóptimos. El problema de fondo ha dejado de ser únicamente qué está aprobado para convertirse en algo mucho más urgente: qué está disponible en el momento exacto en que el paciente lo necesita.
Según un estudio de EquityCancer-LA, en Ecuador, el tiempo promedio para que una mujer reciba un diagnóstico confirmatorio desde la primera sospecha es de 140 días. Con una cobertura de mamografías de apenas el 20% en la población en riesgo, el sistema detecta casos en etapas avanzadas, lo que incrementa la presión hospitalaria y los costos de atención.
Esta situación ha forzado una transición peligrosa en la práctica clínica. El sistema está pasando de una medicina basada en evidencia, donde el médico elige el tratamiento adecuado y preciso para darle calidad de vida al paciente, a una medicina basada en existencias, donde la receta se ajusta estrictamente a lo que hay en stock. Cuando el medicamento no está disponible debido a un desabastecimiento intermitente, la medicina deja de ser ciencia para convertirse en una gestión de carencias, y esto genera que los pacientes reciban tratamientos muy por debajo de los estándares oncológicos.
El cáncer no es solo una enfermedad más; requiere diagnósticos certeros mediante biomarcadores. Sin embargo, las limitaciones en reactivos y la capacidad especializada insuficiente retrasan la personalización terapéutica, indispensable para evitar tratamientos inadecuados.
El costo humano de la burocracia
La falta de coordinación administrativa y el peso de la burocracia están expulsando a los pacientes del sistema. La realidad es inmediata y crítica:
- Los pacientes oncológicos del sistema público están siendo rechazados por SOLCA debido a nudos administrativos y falta de convenios efectivos y la deuda creciente por falta de pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), dejándolos a la deriva.
- En hospitales como el Andrade Marín, la escasez de medicinas ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad cotidiana que interrumpe ciclos de vida.
En este sentido, cada día de retraso tiene un impacto macroeconómico y social devastador. Reportes de impacto socioeconómico en el país evidencian que el manejo ineficiente de patologías crónicas generó una pérdida de productividad de USD 699 millones entre 2017 y 2023. En ese mismo periodo, las brechas de acceso le costaron a la población ecuatoriana 83.500 años de vida saludable (DALYs). Solo en cáncer de mama, llegar tarde al diagnóstico y al tratamiento se traduce en pérdidas económicas directas de USD 25 millones anuales.
El laberinto de la compra centralizada
La solución propuesta a través de la compra centralizada se encuentra en un estado de incertidumbre. Los cronogramas actuales para productos no catalogados han sufrido ajustes drásticos: se pasó de una proyección de compra de 15 meses a solo 12, sin que exista claridad sobre las cantidades finales ni garantías de cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente informadas. Incluso, se ha reportado que algunos medicamentos ya se encuentran en stock cero. Por su parte, aunque el Ministerio de Salud cuenta con listados de productos, la ausencia de una hoja de ruta sobre la temporalidad de los procesos impide una planificación que asegure el abastecimiento real.
Aunque el país cuenta con una Ley de Cáncer, el impacto real es nulo sin un reglamento claro, estructurado y con una hoja de ruta definida para su implementación. En este punto, el país enfrenta una oportunidad decisiva: el reglamento en construcción no puede limitarse a ser un instrumento administrativo, sino convertirse en una herramienta concreta para resolver las fallas estructurales del sistema.
Un reglamento bien diseñado debe garantizar la continuidad del tratamiento oncológico mediante mecanismos como la planificación obligatoria del abastecimiento, sistemas de alerta temprana ante quiebres de stock y procesos ágiles de respuesta que prioricen la vida del paciente por encima de la burocracia. Asimismo, debe alinear la compra pública con las necesidades reales del sistema y fortalecer la capacidad operativa de los hospitales, permitiendo una transición efectiva de un modelo reactivo a uno preventivo.
Es imperativo transitar hacia un modelo que priorice la descentralización administrativa y la agilidad en la gestión hospitalaria. El acceso real significa disponibilidad continua, logística eficiente y asignación presupuestaria sostenible.
Hoy, más que nuevas leyes, el sistema necesita reglas claras que funcionen. El reglamento de la Ley de Cáncer puede ser ese punto de inflexión: el instrumento que transforme el acceso teórico en acceso real y que asegure que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento por causas evitables.
