Nuevamente la institucionalidad del Estado, como tantas otras veces en la vida republicana, atraviesa una crisis. Este sismo político es la herencia de unas elecciones presidenciales con fuerte tufo de fraude y de un inicio legislativo escabroso en el que se eligieron autoridades de la Asamblea Nacional en polémicas sesiones.
La ruptura del pacto Lasso-Correa-Nebot le dejó sin mayoría parlamentaria al gobierno para impulsar su proyecto neoliberal, tampoco la suma de independientes, desertores de los partidos por los cuales fueron electos, son suficientes para aprobar las leyes con las que sueña el banquero. El régimen está castrado de iniciativa legislativa, al punto que la única ley aprobada requirió del apoyo tapiñado de los correistas para imponer nuevos impuestos.
Dentro de la misma Asamblea Nacional las contradicciones políticas derivaron en división de los bloques y se puede prolongar hasta la remoción de Guadalupe Llori y otras autoridades del Consejo Administrativo de la Legislatura.
La disputa trasciende la relación entre el gobierno y el parlamento. Detrás del discurso maquillado de respeto a las instituciones del Estado, Lasso está obsesionado por convertirse en la versión actualizada autocrática de Rafael. La destitución y reemplazo de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de una cuestionable mayoría alineada con el oficialismo, terminará con concursos hechos a la medida de los amigos del banquero para cooptar los órganos de justicia y control.
Ese escenario de pugnas es el justificativo para que algunos aliados al régimen exijan la muerte cruzada como solución a la crisis. Pero en realidad el banquero tiene pánico a la convocatoria a nuevas elecciones que cambie la correlación de fuerzas, disminuya su influencia política y sea insuficiente para repetir un mandato presidencial.
Las élites sueñan que la ingobernabilidad se resuelva en los límites institucionales burgueses, en donde el pueblo no está convocado. Son miopes, la muerte cruzada o la convocatoria a consulta popular pueden convertirse en un referéndum donde se juzgue el incumplimiento de las ofertas electorales, la agenda del Fondo Monetario y la precarización de la vida.
La crisis política se reflejará en una mayor conflictividad política y social. (O)
