La nueva Ley de Transparencia Social para Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y su Reglamento marcaron un cambio importante para el sector social en Ecuador. Con esta normativa, vigente desde este año, se busca ordenar y modernizar la relación entre el Estado y las organizaciones, promoviendo procesos más claros y garantizando el respeto al derecho a la libre asociación.
Uno de los principales cambios es que todas las OSFL, sin importar su tamaño, pasarán a ser supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Esto implica reglas unificadas para la constitución, reformas estatutarias, elección de directivas y registro de información en un Sistema Único de Organizaciones Sociales.
Es así como Diego Yépez socio del estudio jurídico Yépez & Vaca, experto en regulación del sector, señala: “El mensaje central es claro: cumplir con integridad no solo fortalece la legalidad de una organización, sino también el propósito social que la inspira”. Este enfoque resume el espíritu de la ley, que exige no solo entregar documentos, sino demostrar coherencia interna y prácticas de buen gobierno.
La normativa incorpora mecanismos como el silencio administrativo positivo, que evita demoras innecesarias, y establece que los excedentes económicos deben reinvertirse exclusivamente en los fines institucionales. También incorpora disposiciones sobre actividad minera, delimitando la participación de organizaciones en estos procesos dentro de los canales legales establecidos.
Para muchas OSFL, especialmente las más pequeñas, la implementación de estos cambios implicará fortalecer su administración, actualizar registros, profesionalizar equipos y adoptar controles internos. No hacerlo podría generar sanciones, suspensión de personería jurídica o dificultades para firmar convenios y recibir fondos. Sin embargo, los especialistas coinciden en que estas exigencias también representan una oportunidad para aumentar la confianza pública y atraer nuevas alianzas.
Recomendaciones clave para cumplir con la normativa:
- Actualizar estatutos y documentación institucional.
- Mantener la información al día en el Sistema Unificado.
- Implementar políticas básicas de integridad (conflicto de interés, códigos de conducta, control interno).
- Capacitar a directivas y equipos en los nuevos estándares.
Debido a que la ley exige no sólo trámites, sino cambios estructurales, la asesoría jurídica especializada se vuelve fundamental. Firmas como Yépez & Vaca ya están apoyando a organizaciones de distintos tamaños en procesos de actualización estatutaria, regularización de directivas y fortalecimiento de modelos de gobernanza. Uno de sus casos recientes es el acompañamiento a una fundación educativa con más de 60 años de trayectoria demuestra que modernizar la estructura jurídica puede convertirse en una oportunidad para mejorar la gestión sin perder la esencia institucional.
El marco legal de las OSFL en Ecuador avanza hacia una supervisión más técnica, procesos más digitalizados y mayores estándares de rendición de cuentas. En este escenario, el acompañamiento adecuado puede ser clave para construir organizaciones más sólidas, éticas y sostenibles.
