La firma de investigación y análisis independiente INVAMER ha revelado nuevas cifras alarmantes sobre el impacto del contrabando de cigarrillos en el país. De acuerdo con el estudio “Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Ecuador”, el comercio ilícito de cigarrillos mantiene su pico histórico con un 84% de incidencia en el mercado nacional, posicionando a Ecuador como el segundo país de América Latina con mayor presencia de cigarrillos ilegales, solo superado por Panamá.
El contrabando ha generado una pérdida fiscal sin precedentes: durante la última década, se estima que el Estado logró recaudar USD 1.000 millones en impuesto al consumo especial (ICE) por el consumo de cigarrillos legales. Mientras que, con esas mismas estimaciones, la pérdida fiscal atribuida al contrabando en ese mismo periodo alcanzó los USD 2.600 millones, más del doble de la recaudación legal. Esta brecha afecta directamente los recursos públicos destinados a seguridad, salud y educación, debilitando la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población.
El crecimiento desmesurado del contrabando inició con los incrementos impositivos realizados a los cigarrillos en las reformas fiscales del 2014 y 2016 en las que la tarifa del impuesto a los consumos especiales (ICE) incrementó un 73%. Actualmente, una cajetilla legal de 20 unidades paga USD $3,20 de impuesto al consumo, mientras que las ilegales no pagan ningún valor. Para Martin Orozco, gerente General de Invamer, “El factor precio es determinante: los cigarrillos ilícitos se encuentran a precios promedio de $2,69 dólares, mientras que los legales alcanzan los $6,49 dólares en promedio, es decir, existe una brecha de 2.5 a 1 que influencia la compra debido al impacto directo que tiene en los bolsillos de los consumidores”.
Es importante recalcar que, si bien las reformas tributarias tuvieron como objetivo desincentivar el consumo de cigarrillos, este se mantiene y ha migrado a productos ilegales. Por ejemplo, entre 2023 y 2025, el consumo total de cigarrillos en Ecuador mostró un repunte en la intensidad: el promedio diario pasó de 5,53 a 5,98 cigarrillos por persona, indicando más cigarrillos al día en el conjunto de fumadores adultos. Dentro de este agregado, quienes consumen cigarrillos ilegales se caracterizan cada vez más por una mayor intensidad: su promedio subió de 5,42 en 2023 a 6,23 en 2025, situándose por encima del promedio nacional.
“Cuando se le pregunta a los encuestados por su conocimiento sobre los impuestos que pagan los cigarrillos, el 61% afirma que no sabe que la industria paga un impuesto al consumo especial y, aún más importante, el 77% no estaría dispuesto a pagar más por una cajetilla de cigarrillos a pesar de que pagan un impuesto por el desarrollo del país”, puntualizó Orozco.
Por otro lado, el estudio realizado en las zonas urbanas y rurales de la Sierra, Costa y Amazonía del país determinó que, en más de la mitad de las provincias de Ecuador, el 80% de los cigarrillos que se comercializan son de contrabando. Sin embargo, en provincias como Esmeraldas (100%), Manabí (97%), Los Rios (97%), El Oro (95%) y Guayas (97%) se puede decir que todos los cigarrillos que se comercializan son de contrabando. Esto implica un crecimiento abrupto de la ilegalidad y reducción considerable del recaudo principalmente en zonas en las que viene creciendo la presencia de grupos de delincuencia organizada.
Las marcas ilegales que mayor participación tienen en el mercado provienen de Asia con un 74,9% y entre las marcas más comercializadas se encuentran Carnival y Silver Elephant, las cuales se encuentran principalmente en tiendas de barrio y a través de comerciantes ambulantes.
“Las consecuencias del contrabando de cigarrillos son devastadoras: fomento al crimen organizado y financiación de prácticas delincuenciales como corrupción y narcotráfico; pérdidas billonarias para el Estado, y finalmente, el fomento del mercado negro, en donde los contrabandistas no se preocupan si sus productos llegan a niños, niñas y adolescentes” finalizó Orozco.
Ante este panorama, el llamado a la acción es urgente. Es necesario reforzar los controles y estrategias para combatir el contrabando y su vínculo con el crimen organizado, proteger la recaudación fiscal y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El Estado debe intensificar sus esfuerzos para revertir una tendencia que amenaza con tomar la totalidad del mercado y consolidar la financiación de organizaciones criminales.
