Al terminar el milenio anterior, las élites colombianas y el imperialismo norteamericano firmaron un acuerdo bilateral llamado el Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado con el propósito de revitalizar la economía, terminar con el conflicto armado y crear una estrategia antinarcóticos.
Contrario a los objetivos planteados, lo cierto es que el Plan Colombia facilitó un proceso acelerado de acumulación y concentración de fortunas (el 10% de la población es propietaria del 70% de la riqueza, mientras que la mitad del país apenas posee el 1%), no logró la desmovilización total de los combatientes y el negocio de la droga – cultivos, consumo, comercialización y violencia – creció.
Concomitantemente a la estrategia de guerra, el ascenso del uribismo al poder inauguró la política de seguridad democrática que consistió en una militarización permanente del territorio nacional, la delación civil como instrumento de inteligencia y el apoyo a las fuerzas armadas estatales aún a riesgo de pisotear los derechos humanos.
El precio de la «recuperación del orden» se testimonia en la sumatoria de más de cuatro millones de desplazados, en indiscriminadas fumigaciones aéreas, en sobre los seis mil falsos positivos (civiles asesinados en operativos militares que nunca existieron), en las abundantes desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, en el cultivo de coca que creció, en la cesión de soberanía territorial, etc.
Los países vecinos sufrieron los efectos directos y colaterales del Plan Colombia. En caso del Ecuador, la violencia, precariedad e inseguridad se extendió y está vigente en todo el cordón fronterizo norte. Allí el Estado huyó, dando cabida al narcotráfico, el mercado ilegal de armas, la trata de personas y otros delitos transnacionales que se expanden en todo el territorio.
Mal hace el presidente Lasso en solicitar la suscripción de un Plan Ecuador para reducir la inseguridad. ¿Acaso ignora los efectos de su par colombiano o busca convertirse en el alfil de los intereses norteamericanos como en otrora fue el procesado judicial Álvaro Uribe Vélez? Mientras el gobierno cierre los ojos a las fuentes de la inseguridad, sus políticas policiales y de guerra serán un fiasco. La violencia tiene origen en la estructura económica y social del país, mejor sería destinar los recursos económicos destinados al Plan Ecuador para garantizar educación, salud y empleo de calidad. Sembrar políticas sociales redistributivas es la antesala para cosechar paz e igualdad. (O)
