Nueve de cada diez personas que requieren diálisis en Ecuador dependen de sesiones periódicas de hemodiálisis para continuar con vida. Según estimaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), cerca de 20.000 pacientes requieren actualmente terapias de reemplazo renal, un tratamiento indispensable para quienes han perdido la capacidad de sus riñones para eliminar toxinas y exceso de líquidos del organismo.
Para quienes dependen de esta terapia, la diálisis representa un tratamiento esencial para mantener el equilibrio del organismo y suplir funciones que los riñones ya no pueden realizar adecuadamente. Permite eliminar sustancias de desecho y exceso de líquidos, cuya acumulación puede generar complicaciones graves si el tratamiento se interrumpe de manera prolongada.
Darío Jiménez, especialista en nefrología explica que: “Cuando un paciente deja de recibir sus sesiones, estas sustancias comienzan a acumularse progresivamente y pueden producir hinchazón en piernas o rostro, aumento de peso, dificultad para respirar, cansancio intenso, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y dolor de cabeza. En casos graves, pueden presentarse alteraciones del ritmo cardíaco y otras alteraciones importantes en diferentes órganos”.
A esta situación puede sumarse la interrupción de los medicamentos que forman parte del manejo integral de la enfermedad renal; el tratamiento farmacológico varía según las condiciones de cada persona y puede estar dirigido a controlar diferentes complicaciones asociadas a la enfermedad. Por ello, suspender medicamentos por falta de acceso o sin indicación médica puede generar riesgos adicionales y debe ser evaluado por el equipo de salud que lleva el tratamiento del paciente.
Para quienes enfrentan esta enfermedad, las consecuencias van más allá de los efectos físicos. La incertidumbre sobre la continuidad del tratamiento puede generar miedo y preocupación, mientras que la interrupción de las sesiones puede provocar mayor cansancio, hinchazón y dificultades para realizar actividades cotidianas. A esta situación se suma la preocupación de las familias, que viven con el temor de que la falta de atención oportuna pueda derivar en una emergencia médica.
Para los especialistas, garantizar la continuidad de las sesiones de diálisis y el acceso a los medicamentos indicados es fundamental para controlar los efectos de la enfermedad renal y prevenir complicaciones. La atención oportuna permite monitorear el estado del paciente, controlar la acumulación de líquidos y toxinas y detectar alteraciones que podrían requerir intervención médica.
Esta necesidad se desarrolla en medio de una situación financiera crítica para el sector. La deuda acumulada del Estado con las clínicas dializadoras bordea los USD 400 millones, según cifras difundidas por representantes y especialistas del sector. Los retrasos en los pagos comprometen la capacidad operativa de estos centros y aumentan la incertidumbre sobre la continuidad de una atención de la que dependen miles de pacientes en el país.
