La despenalización del aborto es la meta de los colectivos feministas de Cuenca y el país. El lunes 28 de septiembre de 2020, en el marco del Día de Acción Global por el acceso a un aborto legal y seguro, decidieron alzar sus voces para rechazar el veto por parte del Presidente de la República, Lenín Moreno, al Código Orgánico de la Salud, que permitía en el artículo 201 el aborto en una emergencia obstétrica.
El articulado, que fue uno de los modificados y que fue aprobado el 25 de agosto pasado en la Asamblea Nacional, rezaba: «emergencias obstétricas. -Serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno-fetal. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud; y, a las o los profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias, y deberán respetar la confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres, sujetándose a la normativa y protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional-«.
Anteriormente este mismo artículo decía que se debía respetar la vida desde la concepción y el hecho de que fue borrada esta premisa fue lo que provocó, según miembros de colectivos feministas, un gran debate y el rechazo por parte de los colectivos provida del Azuay, del resto del país y de la iglesia católica.
Para una de las lideresas del colectivo Las Comadres, cuya función es asistir el aborto para garantizar la seguridad del mismo, este artículo solo se enfocaba en un tema del derecho a recibir atención médica que deben tener hombres y mujeres en el país, por lo que considera un «capricho de los grupos conservadores y más pudientes del país, le presionaron al presidente hasta lograr que vetara el código y que echara por tierra el trabajo de asambleístas, abogados, médicos y más profesionales», dijo.
En el artículo 22, por otra parte, miembros de la Juventud Provida de Ecuador, aseguran que permite el uso de anticonceptivos sin el consentimiento de los padres, por lo que opinan es imponer la ideología de género que rechazan en su totalidad. A este planteamiento la miembro del colectivo Las Comadres le considera una «tontería» pues en el país hay derecho a la información libre, científica y oportuna en los centros de salud a las y los adolescentes que se acerquen a solicitar información.
Para el año 2013 hubo 14.238 partos de mujeres menores de 17 años, mientras que para el año 2017 la cifra subió a 15.386, que es el 7,46 por ciento de los casos.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
El Ministerio de Salud Pública actualmente no solo tiene programas para informar y hacer planificaciones familiares, sino también para entregar preservativos y la píldora de emergencia si es que algún ciudadano así lo solicita.
«Como los derechos no se ruegan sino que se exigen», según aseguran las integrantes de los colectivos feministas, en la ciudad salieron para manifestar el descontento por «tratar los derechos de las mujeres tomando en cuenta puntos de vistas religiosos y no netamente científicos ni humanitarios», expresaron.
En la provincia del Azuay ocho de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia entre la que se incluye la violencia sexual «y no tenemos porque parirle a nuestros violadores. Solo se permite a las mujeres con discapacidad mental un aborto, pero si hay una mujer con sus extremidades superiores o inferiores a esa no se le permite el aborto legal y seguro, y si una adolescente es violada también es obligada a parir», se quejó la feminista que dijo seguirán luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Por su parte, el ciudadano Pablo Torres Leiva, considera que el sentido común es el que sostiene el vete del Código Orgánico de la Salud. «No se puede a razón de la libertad juzgar a los inocentes, instinto por proteger a nuestra especie, se ha difuminado en argumentos torpes que no fijan su objetivo en el verdadero problema. Castigar al violador», aseguró.
Al tiempo que refirió que las consignas «pintarrajeadas en monumentos públicos y espacios privados son una evidencia de lo violentos que pueden ser los grupos feministas que causan más división», agregó Torres Leiva.
Con relación a los monumentos históricos que fueron rayados durante la protesta en el Día de Acción Global por el aborto legal, el director de Áreas Históricas y Patrimoniales Felipe Manosalvas, refirió que como encargado de este organismo solo se dedica a velar por la protección de lo bienes entre esto el puente Mariano Estrella, al lado de las escalinatas Francisco Soto Jaramillo. (I)
