La violencia contra las mujeres es un grave problema de salud pública y una manifestación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. La violencia se puede instalar prácticamente desde antes del nacimiento, puede estar presente a lo largo del ciclo vital y tiene lugar tanto en espacios públicos como privados, en estructuras patriarcales, jerarquizadas y estereotipadas, es ejercida prácticamente en todas partes y con cualquier objeto material o simbólico. Los hechos violentos tienen un matiz de presentación, que incluyen el grito, el insulto, la mirada y el golpe, el acoso, el aislamiento, el olvido, la invisibilidad, la negación de los mínimos derechos, hasta el uso de armas mortales en su contra.
Entre las formas de presentación de la violencia se encuentran la patrimonial, jurídica, política, ideológica, psico-emocional, sexual y física. Las consecuencias de la violencia pueden abarcar la totalidad de los ámbitos de la persona receptora, y van desde el daño físico, sicológico, sexual, fractura de la identidad, alienación del pensamiento, desestructuración psíquica y, disminución de la posibilidad de la constitución de la persona.
La Constitución del Ecuador en su artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, en su artículo 70 determina que: «el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”.
La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70 % de las mujeres sufren violencia en su vida, consecuencia de la discriminación que sufren, tanto en leyes como en la práctica, y en la persistencia de desigualdades por razón de género.
Ecuador tiene legislación precaria en contra de la violencia de género debido a que su abordaje a través de las políticas públicas no es transversal y es insuficiente. Junto con diferencias culturales, la forma en que las inequidades de género se producen está relacionada con las posibilidades que brindan los sistemas políticos, económicos, sanitarios y de seguridad social para el desarrollo de sus ciudadanas y ciudadanos.
Son varios los avances que se han dado en la incesante batalla de equidad de género, en busca de igualdad de derechos y oportunidades para poder acortar las brechas que dividen a hombres y mujeres; para las actuales generaciones es difícil creer que las mujeres no tenían derecho al voto, ya que hasta después de 1929 en Ecuador, las mujeres pudieron votar, gracias a la Dra. Matilde Hidalgo quien solicitó su derecho a votar en 1924 y se cambió la constitución 5 años después; así mismo fue la primera mujer en obtener un título de doctorado en medicina en Ecuador en 1921, ella pudo estudiar en la Universidad de Cuenca, donde el rector de esa época el Dr. Honorato Vásquez le concedió permiso. Otra mujer emblemática fue Aurelia Palmieri, quien consiguió que Eloy Alfaro aprobara un decreto para autorizar sus estudios privados como bachiller y certificar su primer año de Medicina, al que había acudido como oyente, porque las leyes del momento impedían su permanencia, tanto en el colegio como en la universidad.
La incursión en el mundo laboral fue lenta, el 1ero de enero de 1896 se crearon los primeros cargos públicos para mujeres, y sólo hasta 1979 fue nombrada una mujer en un Gabinete Ministerial. Si bien se ha incrementado su participación económica y su nivel educativo, padecen aún carencias; especialmente en las zonas rurales y en gran medida en su situación de salud, lo que significa que todavía sufren de problemas sanitarios básicos, agravados. Según el Foro Económico Mundial, faltan 170 años para cerrar la brecha económica entre hombres y mujeres de todo el mundo, por lo cual se justifica la justa y necesaria lucha por la equidad de género – en este caso su participación laboral – bajo los mismos términos, reconocimiento y sueldos.
A pesar de que la Constitución prohíbe la discriminación en cualquier forma, incluida la discriminación de género, las mujeres ganan menos que los hombres en las mismas posiciones y enfrentan barreras para acceder a posiciones de decisión debido a la segregación laboral por género.
