El martes 6 de mayo inició al IV Congreso de Derecho Procesal 2025, uno de los encuentros académicos más relevantes del país, que reúne en Quito a juristas, jueces, académicos y expertos de alto nivel. El evento se desarrolla en la Universidad de las Américas (UDLA), sede Granados, del 6 al 8 de mayo, en formato presencial y online y, es fruto de una colaboración entre la UDLA, el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal (IEDP) y la Corte Nacional de Justicia.
Durante su inauguración, se anunció que el congreso recogerá las ideas, propuestas y debates surgidos en estas jornadas para construir un manifiesto final dirigido a las autoridades judiciales del país, con el objetivo de aportar soluciones concretas que mejoren los procesos y el acceso a la justicia en Ecuador.
El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UDLA, Santiago Guarderas, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. En su intervención destacó que “hoy más que nunca, los desafíos en la resolución de conflictos exigen espacios de diálogo, cooperación académica y respeto a diversas visiones jurídicas”. Añadió que este congreso representa una oportunidad única para generar ideas innovadoras que fortalezcan la administración de justicia y la protección de los derechos fundamentales.
A continuación, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, Jorge Luis Mazón, remarcó que el congreso debe trascender el formato tradicional de ponencias: “Esperamos que este encuentro no sea solo una suma de exposiciones, sino un espacio de diálogo, de encuentro y de enriquecimiento mutuo que deje huella en nuestro sistema jurídico”.
La jornada inaugural cerró con la primera ponencia magistral, a cargo del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing Nagua, quien abordó el tema de la incidencia de las resoluciones con fuerza de ley en la normativa procesal. En sus palabras, “la coherencia entre las resoluciones judiciales, la legislación vigente y los esfuerzos de codificación es clave para preservar la integridad del sistema jurídico y evitar disonancias que comprometan el debido proceso”.
Durante el primer día del congreso, uno de los ejes temáticos que generó mayor interés fue el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. Expertos nacionales e internacionales abordaron cómo estas herramientas están transformando la gestión de los procesos legales, desde la automatización de trámites hasta la toma de decisiones judiciales asistidas. Se discutieron tanto los beneficios como los desafíos éticos y normativos de su implementación, subrayando la necesidad de incorporar estas innovaciones sin perder de vista los principios fundamentales del debido proceso y la equidad.
El congreso continuó con la participación de destacados expertos de Ecuador, Colombia, Argentina y Uruguay, consolidándose como una plataforma esencial para el análisis y la innovación en el Derecho Procesal del país, además, de plantear soluciones viables para los problemas de justicia.
