Con la participación de expertos nacionales e internacionales, se desarrolló en Quito el encuentro académico “Sobreendeudamiento en Ecuador: reformas urgentes para una segunda oportunidad”, organizado por Defensa Deudores Ecuador, primer estudio jurídico especializado en brindar soluciones legales a personas y empresas con problemas de endeudamiento.
El evento reunió a autoridades, académicos, juristas y líderes de opinión, quienes debatieron la crisis de sobreendeudamiento que afecta a miles de familias y empresas en el país, así como las propuestas que podrían integrarse en el debate constitucional en torno al derecho de los deudores a una segunda oportunidad.
Durante el encuentro, los expositores coincidieron en la necesidad de establecer un marco legal que permita aliviar la carga de deudas, impulsar la recuperación económica de las familias y garantizar un tratamiento justo frente a las obligaciones financieras.
El abogado chileno Ricardo Ibáñez, fundador de Defensa Deudores Chile, compartió la experiencia de la Ley de Reemprendimiento, que en su país ha permitido que miles de personas y empresas se reintegren al sistema económico tras enfrentar deudas impagables. “Creemos que la legislación ecuatoriana y la chilena pueden compatibilizarse, sobre todo en lo que se refiere a la reinserción y una segunda oportunidad para los deudores. La Ley 20.720, llamada Ley de Insolvencia y Reemprendimiento en Chile, permite una segunda oportunidad para personas que pasan por alguna situación de insolvencia involuntaria. Dada la realidad económica, política y social del Ecuador es necesario promover una legislación de esta naturaleza que pueda beneficiar a millones de ecuatorianos que están pasando por problemas económicos”, aseguró el abogado Ibañez.
Por su parte, la abogada Cindy Aguiar, directora del Centro Integral de Asistencia Legal (CIAL) de la Universidad de las Américas (UDLA), destacó la necesidad de una legislación que priorice la protección del deudor, con mecanismos de reestructuración y educación financiera. “El endeudamiento genera conflicto dentro de la familia, el trabajo y en todos los ámbitos en los que se desarrolla el ser humano. Si es que las personas no tienen estabilidad económica, empiezan a realizar otro tipo de actividades que les pueda inducir incluso a cometer algún tipo de delito. Desde nuestra experiencia hemos visto que muchas personas recurren a la usura con el fin de desahogarse de las presiones e incluso terminan falleciendo por haber recurrido, en su desesperación, a mecanismos ilegales”, indicó la abogada Aguiar.
Finalmente, el abogado César Coronel Garcés, gerente general de Defensa Deudores Ecuador, presentó las propuestas legales que podrían incorporarse al debate constitucional, subrayando la urgencia de reconocer el derecho del deudor a una segunda oportunidad. Destacó que existen derechos constitucionales vigentes que deben mantenerse, como la prohibición de prisión por deudas y la prohibición del anatocismo y la usura. Sin embargo, señaló que hay otros que deben aclararse o ampliarse, como la protección del sueldo de las personas trabajadoras, ya que en la práctica las entidades públicas pueden retenerlo mediante procesos coactivos. También propuso agilizar el habeas data correctivo para hacerlo más eficiente. Entre las nuevas garantías que deberían incluirse en la Constitución, mencionó la regulación de la potestad coactiva para evitar abusos, la tutela efectiva de los consumidores financieros, la protección reforzada de la vivienda familiar, el derecho a la segunda oportunidad para los deudores de buena fe y la educación financiera como derecho ciudadano. “Estas propuestas permitirán que los deudores tengan más y mejores derechos, accedan a procesos de renegociación y puedan volver a empezar, al tiempo que se protege lo más esencial: la vivienda, el salario y las pensiones alimenticias”, enfatizó el abogado Coronel.
Una crisis que afecta a millones de ecuatorianos
Según datos del Consejo de la Judicatura, entre enero de 2023 y agosto de 2025 se registraron 616.996 procesos de cobro de pagaré, lo que representa más del 60% de todos los juicios por deudas en el país. A ello se suman 135.549 concursos de acreedores, 79.474 procesos de cobro de dinero, 65.361 cobros de letra de cambio y 57.286 juicios por facturas o documentos comerciales. Además, de acuerdo con ASOBANCA, 3 de cada 10 ecuatorianos con créditos mantienen una calificación mala o pésima en el buró de crédito.
Estas cifras reflejan la magnitud del sobreendeudamiento y la urgencia de generar espacios de diálogo como este, desarrollado en el marco del tercer aniversario de Defensa Deudores Ecuador y la apertura de su oficina en Quito, reafirmando el compromiso del estudio jurídico con la defensa de los derechos de los ecuatorianos sobreendeudados.
En sus tres años de operación, Defensa Deudores Ecuador ha brindado asesoría legal a más de 135.000 personas, impulsando soluciones jurídicas responsables frente al endeudamiento excesivo.
“Este encuentro busca sentar las bases para la discusión constitucional sobre el derecho de los deudores a una segunda oportunidad”, señaló el abogado César Coronel. “No se trata de eximir responsabilidades, sino de permitir que las familias y los emprendedores puedan volver a empezar”.
