Franklin Eduardo C. y Miguel Ángel P. fueron sentenciados a diecinueve años de privación de libertad por su autoría en el delito de tráfico ilícito de drogas en alta escala. Ambos fueron aprehendidos durante el allanamiento a una vivienda, donde se incautaron base de cocaína y marihuana.
Tras recibir denuncias ciudadanas, agentes de la Policía Nacional conocieron que en un inmueble, ubicado en el Centro Histórico de Cuenca dos hombres almacenaban y comercializaban sustancias ilícitas. Con esta información, la mañana del 6 de febrero de 2025 acudieron a los exteriores de la vivienda para ejecutar labores de vigilancia, donde observaron que personas sospechosas y supuestos clientes hacían un cruce de manos.
Con la respectiva orden de allanamiento, aproximadamente a las 18:00 del mismo día, personal de Fiscalía y de la Policía Nacional ingresó al domicilio, donde fueron aprehendidos Franklin Eduardo C. y Miguel Ángel P. Los sospechosos se encontraban en dormitorios ubicados en el primer y segundo piso del inmueble.
En los dos dormitorios, en el área de lavandería y en el tumbado de la vivienda se encontraron 315 fundas que contenían una sustancia color beige y veintinueve fundas con una sustancia color verde, además de los teléfonos celulares de los implicados y 300 dólares en efectivo.
Durante la audiencia de juicio, Fiscalía presentó los testimonios de los agentes que practicaron el pesaje, la prueba de identificación preliminar homologada (PIPH) y la pericia química. Ellos confirmaron que las sustancias incautadas correspondían a 107 gramos de base de cocaína y 651 gramos de marihuana.
También rindió testimonio el agente que efectuó la experticia de audio y video al celular de uno de los sentenciados. En los mensajes enviados a través de una red social se evidenció que Franklin Eduardo C. y Miguel Ángel P. residían en la vivienda y que coordinaban la comercialización de base de cocaína y marihuana.
𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚
El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta escala está tipificado y sancionado en el artículo 220, numeral 1, literal c, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años.
