En medio de una profunda crisis financiera, la Federación Deportiva del Azuay (FDA) enfrenta un nuevo revés económico tras la liquidación, bajo la figura de despido intempestivo, del asesor y el asistente jurídico contratados durante la reciente gestión del interventor.
La intervención que tuvo como tiempo más de 500 días, culminó con la elección del nuevo Directorio de la entidad deportiva, misma que a partir del pasado 4 de diciembre los preside Patricio Abril, como presidente; Abril fue electo para el periodos de cuatro años (2025-2029).
Sin embargo, días después de la salida del interventor y de conocer a los nuevos: administrador, asesor jurídico y un nuevo cargo de Secretaria de Directorio, se conoce que los exasesores (asesor y asistente jurídico), dejaron sus cargos, pero, sorpresivamente, bajo la modalidad de despido intempestivo.
Esta decisión contraviene directamente las recomendaciones previas de la Contraloría General del Estado, la cual ha señalado en auditorías de años anteriores la obligatoriedad de agotar instancias legales como el proceso de visto bueno antes de proceder con desvinculaciones unilaterales.
Al omitir este paso administrativo, la institución se ve forzada a desembolsar indemnizaciones que representan un perjuicio económico directo para el organismo. Resulta alarmante que, mientras los escenarios deportivos requieren mantenimiento urgente y el fomento al deporte formativo clama por recursos, el presupuesto de la FDA se desvíe para cubrir erogaciones evitables. (D)
