El agua no es solo un recurso esencial para la vida, sino también un eje de poder y de relaciones que se configuran en torno a su control, acceso y gestión. Este enfoque crítico constituye el núcleo de la ecología política del agua, un campo que analiza las dimensiones sociales, económicas y de género que influyen en su distribución, uso y gobernanza.
En la última década, la ecología política se ha consolidado como un marco teórico clave en el estudio de los conflictos entre las dinámicas sociales y el entorno natural. Diversas disciplinas como la geografía, la economía, la antropología y la ciencia política han recurrido a sus fundamentos, debido a su riqueza teórica y metodológica para abordar los problemas que surgen entre las sociedades humanas y los sistemas ecológicos.
En este sentido, desde la ecología política del agua, se examinan las desigualdades en el acceso a los recursos naturales, específicamente aquellos relacionados con elementos hídricos, diferencias que están marcadas por relaciones de poder que se configuran en torno a la raza, la clase y el género.
Ecuador es un país con abundantes fuentes hídricas, pero también con fuertes tensiones por su acceso y control. La expansión de actividades extractivas como la minería, el petróleo y la agroindustria ha generado conflictos con comunidades rurales e indígenas que dependen del agua para su vida y economía local. A pesar del reconocimiento constitucional del agua como derecho humano y bien público (Art. 318 de la Constitución del 2008), persisten profundas desigualdades entre zonas urbanas y rurales, así como entre distintos grupos sociales. La ecología política del agua analiza cómo el poder y la exclusión determinan quién accede al agua y quién no.
El caso del páramo de Quimsacocha constituye uno de los procesos de resistencia socioambiental más significativos de la historia reciente del Ecuador. Este ecosistema de alta montaña es el lugar de nacimiento de cinco de los principales ríos que abastecen de agua a la ciudad de Cuenca y a gran parte de su cantón. Más allá de su papel como fuente vital para la región, Quimsacocha se ha convertido en un territorio en disputa, amenazado por proyectos extractivos que ponen en riesgo tanto su patrimonio natural y cultural como la cohesión social de las comunidades que lo habitan y lo defienden.
La resistencia de los campesinos e indígenas en Quimsacocha no se limita a la oposición a la minería, también ha impulsado reflexiones sobre el derecho al agua, la soberanía de los territorios y la importancia del patrimonio biocultural como base para la vida y el bienestar de las comunidades. En este sentido, el páramo se ha transformado en un símbolo de la defensa ambiental en el Ecuador, representando tanto la lucha comunitaria por la supervivencia como un referente nacional e internacional en los debates sobre justicia hídrica y extractivismo.
La ecología política ha sido nutrida por aportes de los movimientos sociales, el feminismo y enfoques ambientales críticos. Desde esta base, surge la ecología política feminista, que visibiliza cómo las mujeres —particularmente en contextos rurales e indígenas— asumen gran parte del trabajo relacionado con el agua sin reconocimiento ni participación equitativa en su gestión. También denuncia su exclusión en los espacios de toma de decisiones vinculados al manejo del agua.
Estudiar la ecología política del agua en Ecuador es importante porque permite entender los conflictos sociales y las inequidades de género que surgen en torno al uso y gestión hídrica. Este enfoque es clave para avanzar hacia un manejo territorial más justo, democrático y respetuoso de los derechos de la naturaleza y de los pueblos.
Autora: Estefanía Palacios Tamayo
