Tras la histórica aprobación de la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer, la academia, los gremios médicos, el sector privado y las organizaciones de pacientes han unido esfuerzos en un frente multisectorial. El objetivo es construir un reglamento técnico y robusto que permita operativizar los principios de equidad, eficiencia y calidad de la Ley, transformándola en una política de Estado sostenible que brinde respuestas inmediatas a las familias ecuatorianas.
Para garantizar que este marco normativo sea viable y de alto impacto, las propuestas de los diversos sectores se articulan de manera lógica en cuatro pilares fundamentales:
- REMO: Rigor científico y continuidad sin judicialización
La Ley establece que el acceso a tratamientos debe guiarse por el rigor científico. Las propuestas multisectoriales plantean que el Registro Dinámico de Medicamentos Oncológicos (REMO) no sea un listado administrativo rígido, sino una herramienta viva de actualización periódica vinculada al sustento clínico. Con reglas claras, plazos fijos de evaluación y una articulación directa con el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, el REMO busca reducir la discrecionalidad, proyectar el gasto y asegurar el abastecimiento oportuno.
- Financiamiento inteligente y sostenibilidad para la vida
Ante la interrogante de cómo financiar la atención integral del cáncer, los expertos sostienen una premisa clave: no se trata de gastar más, sino de invertir con eficiencia. Para proteger la caja fiscal y asegurar el acceso a la innovación, el reglamento propone herramientas de gestión internacional:
- Modelos de Acceso Basados en Valor: Esquemas de riesgo compartido entre el Estado y la industria farmacéutica para introducir moléculas de última generación de forma inmediata y corresponsable.
- Pago por resultados clínicos: Mecanismos que vinculan el financiamiento a la efectividad real del tratamiento en el paciente, disminuyendo el desperdicio de recursos.
- Evaluación económica: Análisis obligatorios de impacto presupuestario y costo-efectividad a largo plazo.
- Nuevas fuentes de recursos: Regulación transparente para captar y ejecutar cooperación internacional, alianzas estratégicas y donaciones no reembolsables.
«La atención integral del cáncer exige combinar sostenibilidad financiera con innovación en la prestación de servicios. El reglamento tiene la oportunidad de incorporar mecanismos modernos de financiamiento y cooperación internacional, pero también de promover modelos de atención que permitan desconcentrar servicios, optimizar las capacidades instaladas y acercar tratamientos seguros a los territorios. La mejor inversión para el sistema es aquella que mejora simultáneamente el acceso, la calidad y la eficiencia». Señala Andrés Corral, médico Salubrista y experto en gestión de servicios de salud.
- Desconcentración: Atención oportuna en el territorio
El reglamento busca romper la centralización histórica de los servicios oncológicos en los hospitales de tercer nivel de las grandes ciudades, redistribuyendo la capacidad resolutiva hacia el segundo nivel (hospitales generales) a través de:
- Terapias de administración simplificada: Uso de tecnologías subcutáneas o ambulatorias que liberan camas críticas y simplifican el cuidado.
- Fortalecimiento del segundo nivel: Dotar a hospitales regionales de herramientas diagnósticas intermedias y protocolos estandarizados para tratar patologías de baja y mediana complejidad sin derivaciones innecesarias.
Esta descentralización es un acto de justicia para regiones como la Amazonía, donde actualmente el 80.8% de los diagnósticos se realizan fuera de su territorio, obligando a los pacientes a viajar más de 8 horas para recibir atención. Esta realidad golpea con dureza a una región donde el 60% de las familias vive en condiciones de pobreza con menos de 3 dólares diarios.
«Habilitar de manera óptima a los hospitales generales para administrar terapias de fácil aplicación es un paso fundamental para descentralizar el cuidado médico y humanizar el sistema. Para los pacientes de la Amazonía y las zonas rurales, contar con tratamientos seguros y prescritos cerca de sus hogares significa evitar viajes extenuantes hacia las grandes ciudades y gastos innecesarios que afectan la economía familiar». Paola Oña, coordinadora de la Fundación Abrazo Amazónico; de pacientes con enfermedades catastróficas de la Amazonía y Presidenta del Comité de Pacientes del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.
- Gobernanza centralizada y Comité Nacional del Cáncer
Para que todo este engranaje sea sostenible y transparente, los sectores proponen la incorporación de un Comité Nacional de Atención al Cáncer con un rol técnico, vinculante y articulador central. Respaldado por una Secretaría Técnica especializada, este órgano guiará las políticas de salud bajo criterios epidemiológicos rigurosos y liderará la atracción de recursos internacionales para dotar de infraestructura y equipamiento de alta complejidad a la red nacional.
«La efectividad de la Ley requiere una gobernanza técnica, robusta y articuladora. El Comité Nacional de Atención al Cáncer, respaldado por la academia y la evidencia epidemiológica, debe ser el eje central encargado de guiar las políticas de salud del país. Un reglamento que priorice un procedimiento transparente y estandarizado nos permitirá sumar las capacidades de todos los sectores bajo criterios científicos claros». Esteban Ortiz, médico Salubrista e Investigador Académico de la Universidad de las Américas (UDLA).
La construcción del reglamento se consolida como el espacio idóneo para sumar las capacidades del sector público, el privado, la academia y la sociedad civil. El ecosistema de la salud se declara listo para aportar con solvencia técnica a una normativa que no solo busca normar procesos, sino transformar integralmente la gestión oncológica del Ecuador para volverla equitativa, eficiente y humana.
