Fiscalía allana oficinas de dos vocales del Consejo de la Judicatura en Quito

Una investigación en curso sobre el presunto delito de obstrucción de la justicia llevó a que las instalaciones del Consejo de la Judicatura (CJ), en el norte de Quito, sean allanadas por agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional.

La intervención se ejecutó la tarde de este viernes, 12 de mayo, de acuerdo con información preliminar compartida por la Fiscalía.

Sin dar mayores detalles, el Ministerio Público explicó que la investigación está relacionada con casos considerados de conmoción.

La Fiscalía aseguró que no hubo facilidades por parte de la Judicatura para llevar a cabo la diligencia, en la cual se recabaron varios indicios, como dispositivos electrónicos, computadoras, documentación y otros.

Los agentes también allanaron los despachos de los vocales Juan José Morillo y Maribel Barrero, en busca de elementos que podrían estar vinculados con la investigación. La funcionaria no se encontraba presente en su oficina.

A las 19:00, la Fiscalía comunicó que una vez levantados todos los indicios digitales y físicos se procederá con las correspondientes diligencias y pericias.

En la cuenta de Twitter del Consejo de la Judicatura se publicaron varios mensajes con fotografías sobre la presencia de los uniformados. En una de las publicaciones se indicó que la Fiscalía allanó el edificio “sin fundamentos jurídicos”. Y en otro mensaje se puso que “la Judicatura no teme a la persecución política”.

Sin embargo, a los pocos minutos, los trinos fueron eliminados y solo se dejó un tuit donde se informa que la Fiscalía allana las oficinas y se asegura que la entidad presta las facilidades.

Al tiempo que se desarrollaba el allanamiento, el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dio a conocer que inició un proceso de fiscalización en contra del titular de la Judicatura, Wilman Terán.

Villavicencio envió el jueves 11 de mayo un oficio a Terán solicitando documentos relacionados con el expediente administrativo disciplinario iniciado en contra del suspendido juez nacional Walter Macías, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado.

Pidió el acta, audio y video, de la sesión del pleno del CJ celebrada el 11 de mayo. El calendario de audiencias de causas previstas para las semanas comprendidas entre el 11 de mayo al mes de agosto de este año, en las que interviene el juez Macías, ya sea en calidad de ponente o miembro integrante de la sala. La resolución motivada sobre la suspensión en contra del mencionado juez de la Corte Nacional de Justicia.

Villavicencio además solicitó que se informe, con base en el Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, en qué momento el presidente del pleno puede hacer uso de la facultad del voto dirimente. Y que se indique las razones por las que se aplicó el reglamento en la votación en la que Walter Macías fue sancionado.

Macías tenía a su cargo el caso relacionado con un un audio filtrado en el que se escucharía al vocal de la Judicatura Juan José Morillo -cuyo despacho fue allanado-, en presencia de la vocal Barreno, pidiendo el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución. (I)

Fuente: EL UNIVERSO