Un estudio reciente realizado por investigadores de la UTPL junto a académicos de la Universidad de Oviedo responde a una pregunta clave: ¿existe una relación entre el tamaño de las ciudades y la discriminación salarial por origen étnico en Ecuador?
El estudio, publicado en The Annals of Regional Science, utiliza micro datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de 2023, con información de 80.178 trabajadores. Los resultados parten de una realidad desigual: mientras la población blanca percibe un salario promedio mensual de USD 731,39, los trabajadores indígenas reciben en promedio USD 383,21.
Para el análisis, el territorio ecuatoriano se clasificó en regiones funcionales según tamaño urbano y cercanía a grandes ciudades. Mediante modelos econométricos, los autores lograron distinguir qué parte de la brecha salarial se explica por características como educación, experiencia laboral, sector económico, tipo de contrato o género, y qué parte responde directa mente a discriminación étnica.
Los resultados confirman que las grandes aglomeraciones urbanas, como Quito y Guayaquil, actúan como espacios de integración donde la brecha salarial se reduce significativamente. En estos entornos cosmopolitas, la mayor interacción social parece disminuir los prejuicios, generando salarios más altos y relativamente más equitativos.
Por el contrario, la discriminación se intensifica en las áreas rurales periféricas y en las pequeñas ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, identificadas como los entornos más desfavorables para la equidad salarial.
El estudio revela que la ubicación geográfica explica por sí sola el 33,2 % de la brecha salarial en el caso de los afroecuatorianos, y el 25,3 % en el de los indígenas. En otras palabras, entre una cuarta y una tercera parte de la desigualdad salarial que enfrentan estos grupos se reduciría si tuvieran una distribución territorial similar a la de la población mestiza.
Aunque la investigación demuestra que las grandes ciudades amortiguan la discriminación salarial por origen étnico, también evidencia que esta desigualdad sigue siendo una realidad extendida en el país. Los resultados sugieren que las políticas públicas de inclusión no deberían ser homogéneas, sino incorporar un enfoque territorial que atienda las barreras específicas de las zonas rurales y periféricas donde la discriminación resulta más intensa.
