La represión generalizada no basta para enfrentar los fenómenos de inseguridad, violencia y caos que se han tomado nuestro país, sino que, es necesario que el gobierno central desarrolle políticas públicas de convivencia y seguridad ciudadana que contemplen el diseño y ejecución de acciones preventivas, disuasivas y de control. En este sentido, el estado ecuatoriano debe construir un Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en el que, sin descuidar las acciones coercitivas especialmente frente a la delincuencia y los hechos de violencia, fortalezca las acciones preventivas y disuasivas, buscando afianzar conductas sociales de respeto a la vida y protección a los derechos humanos.
Es necesario que el ente gubernamental diseñe el plan, para dar respuesta a los altos índices de violencia que seguimos viviendo en estos últimos días. Un plan definido de manera coherente y coordinada con las instancias indicadas, en particular con la Policía Nacional y el Ejército, incrementa la tendencia institucional y ciudadana a valorar la defensa de la vida. Se debe diseñar el plan basado en el fortalecimiento de barreras sociales, económicas y culturales frente a la trasgresión de la ley, el apoyo a la convivencia pacífica y la solución de conflictos, buscando garantizar la vida e integridad de las personas, reduciendo los niveles de violencia, intolerancia e inseguridad, sin descuidar las acciones coercitivas frente al delito y la violencia común.
Estas líneas de propuesta ciudadana responden a las necesidades de Impulsar mecanismos de participación, promover la defensa de los derechos humanos, recuperar la convivencia ciudadana en zonas inseguras, establecer mecanismos de gestión y tratamiento pacífico de conflictos en los hogares, en los barrios, orientar políticas hacia los grupos vulnerables (juventud, mujer, adulto mayor o minorías étnicas), crear canales amplios y confiables para que la ciudadanía pueda ejercer una veeduría sobre la marcha del plan.
Se hace necesario trabajar desde el hogar, proyectándonos desde la seguridad interna, formar a la sociedad en valores, promover la cultura, el deporte, la recreación y que la mejor lección que podamos dar a nuestros hijos sea con el ejemplo. Una sociedad que garantice los derechos fundamentales del ciudadano, tales como alimentación, salud, educación, vestuario, equidad, etc. En ese escenario, más que dar órdenes a los entes de seguridad, patronear a la policía, o pretender ser el primer patrullero del país, la labor fundamental de un gobernante en materia de seguridad se centra, en una palabra: articulación; por eso, la autoridad debe articular con instancias del gobierno nacional y seccionales. En conclusión, es el estado ecuatoriano el principal responsable de la seguridad de los ciudadanos, que a la fecha le queda debiendo con creces al pueblo. (O)
