La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador (CNJPME), organización histórica y representativa del sector jubilado del país, con el patrocinio del abogado constitucionalista Santiago Machuca Lozano presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la “Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia”.
Esta acción jurídica se fundamenta en la necesidad de proteger el derecho a la seguridad la estabilidad del sistema de seguridad social y proteger los fondos y las reservas del seguro social como base para que se puedan seguir prestando con calidad las prestaciones jubilares, las prestaciones de salud, las prestaciones sociales y las relativas a riesgo y enfermedades de trabajo.
La CNJPME considera que la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia es inconstitucional por la forma y por el fondo. La inconstitucionalidad por el fondo radica en que dicha ley no cumple con el requisito de unidad de la materia y por cuanto sin ser de urgencia económica fue tratada a través del procedimiento legislativo simplificado y reducido para el caso de proyecto de ley de urgencia económica.
La inconstitucionalidad por el fondo se basa en dicha ley reforma la Ley del BIESS comprometiendo el patrimonio de dicha entidad al permitir la venta de cartera vencida proveniente de los créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios que oferta a la banca nacional y extranjera. Además de permitir que el portafolio de inversiones del BIESS pueda ser dado como prenda para la obtención de créditos con entidades nacionales o extranjeras. Esto es una forma de desinversión que atenta contra el patrimonio del BIESS que le pertenecen a todos los afiliados activos y jubilados y que lesiona los principios constitucionales de rentabilidad, sostenibilidad, eficiencia y autonomía de los fondos de la seguridad de la seguridad social.
De igual manera, esta ley es inconstitucional por el fondo por que reforma la Ley de Seguridad Social estableciendo que el delegado del Presidente de la República pueda ser nombrado directamente por el Presidente mediante Decreto Ejecutivo sin pasar previamente por la Asamblea Nacional como estaba regulado anteriormente; y establece que el proceso de elección universal para representantes de afiliados y empleadores del Consejo Directivo del IESS será cancelado con los fondos del IESS.
Esto atenta contra la seguridad jurídica ya que en menos de año se reforma la Ley de Seguridad Social respecto a la integración del Consejo Directivo, además se lesiona la autonomía y autarquía de los fondos del IESS y se lesiona la participación ciudadana y el equilibrio de poderes.
La CNJPME reafirma su compromiso histórico con la defensa de los derechos de los jubilados del Ecuador y continuará actuando con firmeza, responsabilidad y respeto a la institucionalidad del país para garantizar un sistema de seguridad social digno, sostenible y justo.
