El Consejo de la Judicatura (CJ), presentó su Rendición de Cuentas 2025. La exposición del informe la realizó el presidente de la institución, Damián Larco, quien resaltó los principales resultados, las condiciones del sistema judicial y las acciones impulsadas para corregir problemas estructurales.
En materia de lucha contra la corrupción, destacó la aprobación del Protocolo de denuncias de presuntos actos de corrupción y soborno y la operatividad de los canales de denuncia de actos irregulares en la Función Judicial. También la implementación del Visualizador Estadístico Judicial y el diseño de la Política Pública de Justicia Abierta del Ecuador.
En cuanto al fortalecimiento institucional, mencionó las acciones para modernizar servicios y mejorar la atención al usuario. Entre ellas la optimización del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), la creación del Buzón Electrónico Ciudadano (BuzónEC) y los resultados alcanzados en mediación que, durante 2025, registró 40.439 acuerdos, con un 96% de efectividad y un ahorro de USD 17,9 millones para el Estado.
Respecto del control disciplinario, en 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a 102 servidores por infracciones gravísimas. Allí constan, judiciales investigados por los casos Purga, Plaga, acoso sexual, venta de cargos judiciales, etc.
La rendición de cuentas también abordó el trabajo realizado en torno a la respuesta judicial en casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Se destacó la ejecución de la Directriz de Celeridad Procesal y Priorización Inmediata para Casos de Femicidio, Muertes Violentas de Mujeres y Violencia Sexual, así como la realización de 68 Mesas provinciales de Justicia y Género y 23 Mesas en materia de niñez y adolescencia.
Como parte del diagnóstico institucional, el presidente Larco expuso que el año anterior se realizó el primer levantamiento nacional del Catastro de Infraestructura de la Función Judicial, que revisó 245 unidades a escala nacional. Los resultados determinaron que buena parte de los inmuebles propios, arrendados y los de comodato, se encuentran en estado crítico. También informó que más del 90% de la infraestructura tecnológica presenta obsolescencia y que el país mantiene un déficit de 657 jueces.
Finalmente, informó que, desde el 18 de febrero, cuando asumió la Presidencia del CJ, los esfuerzos institucionales se enfocan en la recuperación del Palacio de Justicia de Portoviejo, el mantenimiento del Complejo Judicial Florida Norte de Guayaquil y la rehabilitación del Edificio Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
De igual forma, se han sentado las bases para la modernización tecnológica, la evaluación de jueces, fiscales y notarios. Además, la ejecución de concursos públicos de méritos y oposición para seleccionar 112 jueces constitucionales de primera y segunda instancia y para cubrir las 10 vacantes de jueces y 21 de conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
