El entorno digital se ha convertido en una realidad a la cual el ser humano no es indiferente, inclusive en segmentos de la población como niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es necesario considerar los riesgos que surgen en este ámbito, principalmente debido a la falta de prevención, capacitación y conocimiento adecuado. Como respuesta a este escenario, es imprescindible establecer controles integrales que involucren a la sociedad, a las instituciones del Estado y a las familias para garantizar un entorno digital seguro y propicio, en el que la tecnología se utilice de forma positiva.
Desde la academia surgen iniciativas como la generada por el Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UTPL, liderada por la docente investigadora Maritza Ochoa, quien enfatiza en la necesidad de investigar la aplicación de los derechos digitales en niños, niñas y adolescentes y, con eso, garantizar su seguridad y bienestar.
¿Qué se ha logrado consolidar a través de esta investigación?
Desde el Grupo de Investigación en Derechos Digitales y Protección de Datos Personales de la universidad se ha impulsado y consolidado diversos proyectos de vinculación e investigación para abordar estas problemáticas. En esta línea destaca precisamente este proyecto enfocado en prácticas relacionadas con la protección de datos personales, orientado a prevenir los riesgos y generar mayor conciencia sobre el uso responsable del entorno digital.
¿Cuál es el escenario actual en el ámbito digital?
Actualmente el entorno digital en nuestro país sigue presentando riesgos significativos, en especial para niños, niñas y adolescentes. En este sentido se evidencia la necesidad de implementar procesos de capacitación, sensibilización y orientación dirigidos a la población en general. Si bien existe un avance significativo respecto al reconocimiento y empoderamiento de los derechos digitales, aún es imprescindible fomentar la sensibilización y cumplimiento de las obligaciones que tienen los usuarios en este entorno. En este orden destacamos lo que señala la Carta Iberoamericana de Protección de Datos, la cual define que los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos aplicados al ámbito digital, subrayando la necesidad de sentar un equilibrio entre derechos y responsabilidades.
Al hacer referencia a los derechos humanos, ¿qué tipo de derechos se reconocen en el ámbito digital?
En el entorno digital existen derechos fundamentales que deben aplicarse a los usuarios. Entre los principales se encuentran el acceso a Internet, considerado actualmente un derecho humano esencial; la privacidad y la protección de los datos personales; la libertad de expresión; la educación digital; y la seguridad en línea. Estos derechos son especialmente relevantes cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, quienes necesitan entornos digitales que promuevan su desarrollo seguro.
En todo caso, existen desafíos relacionados con la libertad de expresión, particularmente respecto a cómo los menores ejercen su derecho a expresarse a través de medios de comunicación y tecnologías. Por ello es crucial garantizar que estos derechos estén protegidos y tengan una mayor promoción, proporcionando espacios adecuados para que los niños participen y se expresen de manera segura a nivel digital.
Durante la aplicación de esta investigación, ¿cuáles son los principales hallazgos?
Como hallazgos se encuentran importantes novedades. Por ejemplo, en los entornos educativos y familiares se observa un fenómeno que genera preocupación, el cual está relacionado con la sobreexposición de niños, niñas y adolescentes (sharenting) al ámbito digital. Este problema incluye prácticas como la publicación abierta de imágenes de menores desde edades muy tempranas, lo que genera una intromisión en la privacidad sin un consentimiento, por características precisamente relacionadas con la edad. Esta acción deja una huella digital que en el tiempo puede llegar a tener serias repercusiones.
En Ecuador, aunque aún no se consideran estas prácticas como un problema inmediato, es posible que en el futuro desemboquen en cuestionamientos legales relacionados con la protección de datos personales y la privacidad de los menores de edad.
¿Qué tipo de riesgos podría desencadenar este fenómeno?
Estudios como el de ChildFund Ecuador reconoce que los menores de edad enfrentan, por lo menos, hasta 22 tipos de riesgos y violencias digitales por el uso que dan a Internet. Entre ellos destaca el ciberacoso, que incluso refleja cifras alarmantes visibles en el número de denuncias: entre 2014 y 2024 se registran 1.584 casos en total.
Una práctica más común entre los jóvenes también surge mediante el sexting, que consiste en enviar contenido con imágenes de carácter sexual a otras personas. Aunque este intercambio suele ser voluntario, el problema se da cuando la persona que recibe dicho contenido lo difunde sin el consentimiento de quien lo envió. Este acto vulnera la privacidad de quien hace el envío e infringe sus derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de un grupo vulnerable. De esta manera, la difusión no autorizada de este tipo de contenido no solo expone a los menores a riesgos legales y emocionales, sino que además representa una grave intromisión en su derecho a la privacidad y a la protección de su imagen en el entorno digital.
¿Cómo se enfrenta esta problemática?
Para enfrentar esta problemática se sugieren y abordan modelos de intervención internacionales, como el modelo español, cuyo enfoque está en desarrollar proyectos que involucren a los padres de familia para fomentar prácticas responsables. Por ejemplo, se trabaja iniciativas como el «Challenge sobre exposición», diseñado para sensibilizar y educar a la sociedad sobre el impacto de estas acciones. Es esencial comprender que la protección de la privacidad de niños, niñas y adolescentes es un derecho fundamental, y su vulneración puede facilitar prácticas dañinas como el ciberacoso que se ha mencionado.
¿Qué pasa en el plano legal?
En la actualidad ya existen sentencias relacionadas con estas prácticas, destacando casos ocurridos en contextos escolares. Un ejemplo relevante es la sentencia 456 de la Corte Constitucional, la cual aborda la difusión de contenido sexual en estos entornos a partir de la figura de la justicia restaurativa. Este enfoque busca sancionar al infractor y reparar el daño causado a la víctima, promoviendo la reconciliación y bienestar social. Este tipo de medidas subraya la importancia de proteger la privacidad y la dignidad de los involucrados, especialmente en casos que afectan a niños, niñas y adolescentes.
¿Qué decir de la Ley de Protección de Datos Personales?
Actualmente, uno de los desafíos principales es el analfabetismo digital. Sin duda es una realidad que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales busca abordar a través del derecho a la educación digital. Esta garantía es fundamental para promover cambios significativos mediante la sensibilización de los grupos vulnerables, padres de familia y la sociedad en general.
La educación digital debe ser un eje transversal que permita comprender los riesgos y las responsabilidades en el entorno digital. Sin embargo, no se trata únicamente de que el Estado implemente leyes para regular la conducta de las personas, sino de fomentar una cultura de conocimiento, respeto y protección de los derechos digitales. Para lograrlo se requiere un enfoque de colaboración de todos los actores sociales para garantizar un entorno digital seguro y responsable.
Si bien se habla de la población de niños, niñas y adolescentes, ¿qué pasa con los padres de familia?
En el grupo de la población en estudio se reconoce que estos son nativos digitales. Nacen y crecen rodeados de tecnología, lo que les permite manejarla con facilidad. Sin embargo, esto plantea un desafío importante para los padres y adultos que ejercen el cuidado y la patria potestad respecto a la necesidad de empoderarse, sensibilizarse y capacitarse para guiar a las nuevas generaciones en el uso responsable de las herramientas digitales.
Aunque se dice que, «la educación cambiará el mundo», en realidad es la educación la que transforma a las personas y estas, a su vez, generan el cambio en su entorno. Por eso resulta fundamental desarrollar procesos de formación que, además de informar, orienten a las familias, instituciones y a la academia para abordar las dinámicas actuales del entorno digital. Esto incluye enseñar cómo manejar y controlar situaciones como el aislamiento tecnológico que se observa incluso en reuniones familiares, donde cada individuo está inmerso en su dispositivo móvil.
